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EnglishEste sábado 7 de marzo un juez chileno ordenó la detención preventiva de seis de los diez directivos del grupo financiero Penta imputados por presuntos delitos de fraude tributario y sobornos, en medio de un escándalo por aportes ilegales de dinero a campañas electorales, la mayoría de esos aportes, para la derecha chilena.
El grupo Penta cuenta, además de con una administradora de fondos de pensiones, con una compañía de seguros y con el conglomerado de salud privado Banmédica.
El magistrado estableció, además, un plazo de 120 días para que la Fiscalía complete la investigación antes del juicio contra los imputados, los cuales arriesgan penas de hasta 15 años de prisión. Según la acusación, en el grupo Penta se hacían una serie de maniobras con el fin de evadir impuestos.
El caso adquirió una arista política luego de que uno de los imputados afirmara que Penta financiaba las campañas electorales de numerosos políticos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), a través de contratos por negocios ficticios que se pagaban con boletas falsas.
El caso también involucra a figuras de otros sectores políticos, como Andrés Velasco, ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010); y a Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas.
El juez dictó prisión preventiva a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Penta; a Hugo Bravo, exgerente general; a Marcos Castro, exgerente de Contabilidad del Grupo; a Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el gobierno o de Sebastián Piñera (2010-2014) y a Iván Álvarez; exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), que estaba preso desde antes.
A Manuel Antonio Tocornal, actual gerente general de Penta, le impuso arresto domiciliario total y prohibición de abandonar el país.
Los imputados con prisión preventiva fueron llevados de inmediato al anexo “Capitán Yáber”, un recinto carcelario para presos por delitos económicos, situado muy cerca del tribunal.
Julián López, abogado de los principales directivos de Penta, concretó la apelación a las medidas cautelares aplicadas sobre sus clientes y lamentó la supuesta»interferencia» de «argumentos ajenos» en la audiencia.
Consideró como una de ellas «el hecho que la Fiscalía haya considerado oportuno que los argumentos que estaba desarrollando durante la audiencia fueran informados públicamente por Twitter a la comunidad».
Fuentes: El Mercurio, Infolatam.
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