EnglishApenas cuatro meses después de terminada la última habilitación, por un año, Nicolás Maduro vuelve a obtener poderes legislativos en Venezuela. En esta ocasión, aunque los pidió por seis meses, los tendrá hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de realizar “Leyes Antiimperialistas”.
La unicameral Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría oficialista y Ricardo Sánchez (el suplente de la destituida diputada y lideresa opositora María Corina Machado) aprobó la autorización a Maduro para legislar, luego de las sanciones anunciadas por el presidente Barack Obama contra siete funcionarios (seis militares y una fiscal “estrella” de los juicios contra opositores) y la declaración de Venezuela como “amenaza” para Estados Unidos.
La diputada opositora Vestalia Sanpedro lamentó lo que calificó como “una nueva automutilación” del poder legislativo venezolano; recordó que la primera habilitante solicitada por Maduro (por un año, que venció en noviembre de 2014) prometía acabar con la inflación y el desabastecimiento, “y nada de esto se ha cumplido”.
Mientras tanto, Maduro, en un acto con reservistas del Ejército y partidarios políticos, afirmó que esta semana publicará una carta en el New York Times, “exigiendo, a nombre de la moral del pueblo de Bolívar, que Obama derogue el decreto que amenaza nuestra patria”. Señaló que aspira que las firmas de “10 millones de venezolanos” respalden la misiva.
Las sanciones de Obama contra funcionarios venezolanos llegan en el momento de menor popularidad de un presidente venezolano durante los últimos 25 años. Según el diario El Nacional, la popularidad de Maduro, según tres sondeos diferentes, es de 20%. El último mandatario con estos niveles de aprobación fue Carlos Andrés Pérez en mayo de 1993, cuando fue destituido por una controversial decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Con respecto a la nueva habilitación para Maduro, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) señaló que la misma “puede ser utilizada para menoscabar derechos individuales”.
Agrega el organismo, uno de los más reputados en materia de derechos humanos en el país, que “resulta difícil entender porque las sanciones (de Obama) son contra personas y no contra el país, si se invoca la amenaza del país como supuesto para su ejecución contra personas”.
El CDH-UCAB pidió al Gobierno venezolano que “se abstenga de utilizar la Ley Habilitante con fines distintos a los previstos, especialmente en lo relacionado con la preservación y garantía de los derechos humanos (…) y no utilizar estos poderes especiales para profundizar una tendencia militarista que con el justificativo del enemigo externo, pueda extenderse a la lógica del enemigo interno, propia de las doctrinas de seguridad nacional”.
Fuentes: El Universal, El Nacional