English Version
EnglishEste jueves 26 de marzo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que propondrá la creación de una ley que «regule las redes sociales», luego de rumores generados sobre falsos secuestros y robos de infantes en el país.
Ortega aseguró que «la conducta del hombre en sociedad debe ser regulada” y resaltó que aunque se busca crear un control, el objetivo no será “coartar la libertad de expresión”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encargó a la ministra de Comunicaciones, Jackeline Farías, y a William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), a vigilar a los medios de comunicación.
Farías informó este jueves que no hay procedimientos abiertos contra ningún medio por replicar rumores sobre supuestos raptos de niños.
Recientemente en Venezuela surgió una serie de rumores a nivel nacional en donde personas desconocidas denunciaron a través de redes sociales y de mensajes telefónicos, el robo y secuestro de niños en las afueras de los colegios.
El martes 24 de marzo, en Caracas, cientos de motorizados protestaron trancando calles de la ciudad en reclamo contra el supuesto robo y asesinato de niños en Petare (zona popular de la capital venezolana), reclamo que fue desmentido por autoridades gubernamentales, tanto nacionales como municipales.
Maduro señaló a dirigentes de la oposición de estar interesados en «sembrar rumores» y crear una «guerra psicológica» para presuntamente desestabilizar al país. Acusó al alcalde del municipio Sucre de Caracas (donde se encuentra Petare), Carlos Ocariz; y al asesor político Juan José (J.J.) Rendón, quien, según el mandatario, dirige una campaña contra su Gobierno desde Miami.
«Todos los culpables deben ir presos, ya eso está en investigación», expresó.
A raíz de estos señalamientos este viernes 27 de marzo, madres oficialistas de todas las regiones del país se movilizaron para rechazar la campaña de rumores de rapto de niños.
Luego de algunas averiguaciones, el Gobierno venezolano aseguró que una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana recibió dinero de tres personas supuestamente ya identificadas, para poner a correr el rumor de que su hijo había sido secuestrado cerca de un colegio en Chacao.
Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, señaló que la campaña de rumores había sido orquestada desde el propio Gobierno, para justificar el control de las redes sociales. «No importa lo que hagan, van para abajo», señaló el dirigente político en un programa radial que conduce todas las mañanas.
Fuente: La Nación.
Discusión sobre post