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EnglishLa Fiscalía Anticorrupción de Panamá solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigar a los 71 diputados de la Asamblea Nacional que ejercieron el cargo durante 2010 y 2014, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el caso de la compra de bolsas de alimentos con sobreprecios, informó este lunes el diario local La Estrella.
Los diputados compraron por medio del Programa de Ayuda Nacional (PAN) US$62,3 millones en bolsas de comida, y la Fiscalía considera que en su beneficio económico pudieron haber cometido delitos contra la administración pública, y actos que pudieran transgredir la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Código Penal del país.
La Fiscalía conoció por la información del PAN que las compras se realizaban siempre a las mismas empresas proveedoras, y las declaraciones de un exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, apuntan a que eran los diputados quienes seleccionaban de forma discrecional a dichas compañías.
Las bolsas de comida eran entregadas luego a alcaldes, diputados o políticos, quienes las repartían en sus circunscripciones. El diario La Estrella destaca que durante los meses de enero a abril de 2014, en pleno proceso de elecciones presidenciales, se adquirió un total 2.231.810 bolsas por un costo unitario de $25 (casi $56 millones).
Guardia Jaén (hoy en prisión por peculado), indicó que era el mismo secretario del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo De Obarrio, quien le informaba cuándo hacer las compras y para qué destinos. “Las empresas venían recomendadas por los distintos diputados y con sus diferentes partidas circuitales (su ubicación); eso era solo seguir instrucciones”, dijo Guardia Jaén durante una indagatoria del Ministerio Público el pasado 2 de febrero.
Por otro caso de corrupción dentro del PAN, la semana pasada, la fiscal anticorrupción, Vilka Broce, imputó por peculado y llamó a indagar al exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez, y a la exviceministra de Desarrollo Social, Marta Susana de Varela.
También ha imputado este cargo al exjefe del PAN, Giacomo Tamburrelli; la exministra de Educación, Lucy Molinar; la exviceministra de la Presidencia,María Fábrega; y la excontralora, Gioconda Torres de Bianchini. Todos estos firmaron en 2011 un contrato de compra de comida deshidratada para escuelas de escasos recursos que perjudicó en $30 millones al fisco nacional.
Fuente: La Estrella, La Prensa.
