English Version
EnglishUn coronel boliviano abandonó su país este domingo, tras denunciar que el Gobierno lanzó una campaña de intimidación en su contra por revelar la supuesta manipulación de pruebas en una causa por terrorismo.
El coronel Germán Romulo Cardona Álvarez afirmó este domingo que el Gobierno boliviano utilizó armas —incautadas como evidencias de otros casos—, como pruebas en la acusación que lleva adelante la fiscalía contra 39 personas por su presunta participación en un plan para asesinar al presidente boliviano, Evo Morales.
En 2009, una fuerza de élite de la policía boliviana irrumpió en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Mató —en circunstancias poco claras— a tres personas y arrestó a otras dos, presuntamente involucradas en una conspiración para asesinar a Morales, planificada por grupos separatistas cruceños.
Tras el operativo, el Gobierno Federal desplegó cientos de soldados a la ciudad —que se ha convertido en un bastión opositor al Gobierno socialista— argumentando la necesidad de llevar a cabo un control preventivo.
Por este caso, la fiscalía imputó a 39 destacados políticos y empresarios de la región por ser autores intelectuales de la conspiración. Según la ley boliviana, el Gobierno puede expropiar la propiedad de personas vinculadas al terrorismo.
Sin embargo, Cardona Álvarez afirma que la evidencia presentada en el juicio ha sido tomada de otros casos y utilizada para montar una acusación contra ellos.
De acuerdo con el documento confidencial que el militar elevó a sus superiores el pasado 20 de febrero, el Gobierno utilizó una ambulancia para transportar armamento vinculado con otras causas, violando la cadena de custodia.
“Se me consultó si era posible entregarlas y yo me resistí, le dije al comandante de la Octava División que no se las podía entregar porque eran armas que estaban como custodia de pruebas en diferentes procesos por la Fiscalía y que la única institución que puede poseer armas militares y de guerra son las Fuerzas Armadas”, relató el coronel.
“Fueron entregadas por el comandante de la Octava División de Ejército a personeros del Gobierno”, agregó.
“Por ese caso hay gente procesada y tres personas asesinadas”, dijo el militar. “Todo fue para justificar un hecho que nunca existió”. Una tesis a la que adhiere el Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con un cable difundido por Wikileaks.
También el documento confidencial involucra a dos ministros, un viceministro y a una alta autoridad del Poder Legislativo en casos de corrupción y narcotráfico.
“Estoy libre en España, empezaré a tramitar mi refugio, mi familia es el único dolor”, dijo antes de abandonar territorio boliviano.
Fuente: El Deber.
