EnglishLa Ley de Inversión extranjera de Canadá está dañando la economía del país, según un informe presentado la semana pasada por el Instituto Fraser de políticas públicas, con sede en Vancouver. El texto legal fue creado con la intención de exigirle a las autoridades el monitoreo de las inversiones de personas de otros países, pero solo en compañías canadienses de cierto tamaño.
La publicación del estudio Una evaluación sobre la Ley de Inversión de Canada analiza las consecuencias indeseadas de la norma, y exige a los posibles compradores demostrar que la operación traerá mayores beneficios, de los que podría lograr una administración local.
El proceso de revisión al que son sujetas las transacciones, explica el estudio, está fundamentada en la idea de que “los inversores extranjeros no actúan siempre en defensa de los mejores intereses del país anfitrión”.
Los compradores de compañías canadienses, y que no pertenecen al rubro cultural, deben cumplir con ciertos requisitos para poder obtener el visto bueno en una transacción.
Por ejemplo, los potenciales compradores deben probar que, luego de la transacción, crearan más empleos para canadienses, incrementarán las ganancias y el presupuesto destinado a la investigación y desarrollo del país.
Tal como sucedió con el grupo de comida rápida Burger King, que adquirió la cadena de cafeterías Tim Hortons en 2014, y mudó la sede central a Ontario. La compañía se comprometió a mantener niveles de empleo y expandir la presencia global de la firma a un mayor ritmo de lo que los anteriores dueños de Tim Hortons habían planificado.
Defensores de la Ley de Inversión sostienen que beneficia a la economía canadiense, y alegan que pocas operaciones han sido impedidas. Sin embargo, la investigación del Instituto Fraser sugiere que el proceso de monitoreo genera más daños que beneficios.
Los requisitos especiales de la ley de inversión extranjera representan un mayor costo para el comprador, así los posibles compradores hacen ofertas más bajas, lo que provoca una reducción en las ganancias de los dueños canadienses.
“Las consecuencias indeseadas de la Ley de Inversión de Canadá pueden repercutir en toda la economía, deprimiendo los precios de los activos canadienses, y el espíritu empresarial desalentador”, señaló Steve Globerman, académico senior del Instituto Fraser y autor del estudio.
“Los costos del monitoreo probablemente superen a los beneficios, entonces los canadienses estarían económicamente mejor si el proceso es abandonado, excepto en los casos que está involucrada la seguridad nacional”.