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Las firmas brasileñas de construcción Odebrecht y Andrade Gutiérrez, cuyos presidentes fueron detenidos el viernes en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, podrían ser multadas, en conjunto, por una cifra superior a los US$728 millones, por parte del organismo regulador de la competencia en el país amazónico.
La multa del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil sería por RS1.400 millones para Odebrecht y RS860 millones en el caso de Andrade Gutiérrez, equivalentes al 20% de la facturación de ambas empresas en 2014; de acuerdo con la CADE, existen por lo menos 19 documentos que involucran a Odebrecht en un supuesto “cartel de contratistas” en un esquema para manipular contratos con ejecutivos de Petrobras, la empresa semiestatal brasileña que está en el centro de la investigación del caso Lava Jato.
Tanto Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva el apellido del grupo familiar, como Otávio Marques Azevedo, presidente de Andrade Gutiérrez, fueron detenidos el viernes. En el caso de esta última empresa, existen, según la CADE, doce documentos que la enlazan a los grupos del cartel con Petrobras, que viene ejecutando obras en la petrolera desde la década de 1990: “El Club de los 9”, “el Club de los 16” y “el Club VIP”.
Otras 21 empresas están siendo investigadas por el organismo antimonopolio en relación con el escándalo Lava Jato.
Mientras tanto, en un comunicado, Odebrecht calificó de “afrenta al estado de Derecho” la detención de su presidente, señalando que la misma, así como la de otros directivos del consorcio, es “ilegal” y está “apoyada solo en presunciones”.
Y José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia brasileño, no comentó las investigaciones del caso Lava Jato (por el cual, presuntamente, las empresas que participaron en la corrupción en Petrobras se apropiaron de US$2.000 millones, que luego, parcialmente, desviaron a las finanzas del gobernante Partido de los Trabajadores) pero sí afirmó que tanto Odebrecht como Andrade Gutiérrez continuarán participando en el plan de obras federales de Brasil.
“Sería claramente ilegal e inconstitucional cualquier acto que aparte a las empresas de las licitaciones”, dijo Cardozo, al comentar sobre el plan de infraestructura de emergencia, para reactivar la economía brasileña, anunciado el 9 de junio por la presidenta Dilma Rousseff, y mediante el cual se invertirán unos $64 mil millones.
Por el caso Lava Jato se encuentran detenidos el extesorero del PT, Joao Vaccari, y se investiga a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, Eduardo Cunha y Renán Calheiros. La presidenta Rousseff aún no se encuentra bajo investigación, a pesar de que fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras durante los dos períodos de su antecesor, Lula Da Silva (2002-2010).
Fuentes: El Economista, La Vanguardia, Noticia Al Día.
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