English Version
EnglishUnos 5 mil guatemaltecos marcharon por las calles de Ciudad de Guatemala el sábado en la noche, portando antorchas, gritando consignas contra la corrupción y exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, presidente del país centroamericano.
La marcha se produjo luego de que el viernes, una comisión del Congreso de Guatemala propusiera en un informe al pleno del Parlamento el allanamiento de la inmunidad del presidente, para que sea investigado penalmente como parte de un antejuicio avalado por la justicia guatemalteca.
“Se metieron con la generación equivocada”; “la idea de una Guatemala sin corrupción no se me pasa”; y “Fuera Pérez Molina” eran algunas de las pancartas y consignas que se observaron durante la manifestación, que recorrió entre la Corte Suprema de Justicia y el Palacio presidencial.
“La renuncia del presidente oxigenaría la situación (…) sería un buen paso para seguir adelante”, señaló durante la protesta el exministro de Finanzas y miembro del colectivo social “Semilla”, Juan Alberto Fuentes.
Sin embargo, en los ambientes políticos se señala que la Corte Suprema sería partidaria de esperar a septiembre, cuando se realizarán elecciones presidenciales en Guatemala, y así evitar al país “el trauma” de la salida de Pérez Molina por la vía de un juicio político.
El escándalo que mantiene en jaque su Gobierno se desató a comienzos de mayo, cuando la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, renunció a su cargo. Aunque las razones de la renuncia no se ofrecieron, se estima que fue por su implicación en un escándalo aduanero, conocido como “caso La Línea”, que también salpica a Pérez Molina.
Casi un mes después, fueron detenidos el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguros Sociales (IGSS) y del Banco (Central) de Guatemala, Juan de Dios Rodríguez y Julio Suárez, respectivamente, acusados de participar en una adquisición de medicamentos con sobreprecios.
Desde que renunció Baldetti, al menos diez altos cargos del Gobierno de Pérez Molina han sido implicados en escándalos de corrupción; cinco se encuentran en proceso de perder su inmunidad; y hay una crisis institucional sembrada.
“Creo que nadie se esperaba este escenario, en el que por primera vez en la historia del país hay un esfuerzo de alguna institución del Estado para detener la corrupción”, señaló Óscar Vásquez, director de la ONG Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
Vásquez atribuye el avance a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo dependiente de la ONU, y dirigido por el abogado colombiano Iván Velásquez.
