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Las universidades públicas autónomas venezolanas denunciaron que con la estatificación de cupos, el Gobierno de Nicolás Maduro privilegió a bachilleres que se graduaron en apenas dos años y que egresaron de una misión social y no del sistema educativo formal.
Un informe de la Comisión para el Estudio de Asignados 2015 de la Universidad Central de Venezuela (UCV), evaluó la data de los aspirantes de las carreras de Computación, Ingeniería Agronómica, Medicina y Derecho; el documento indica que 93% de los bachilleres que egresaron con 20 puntos de la Misión Ribas pudieron entrar a las carreras a las que aspiraban, mientras que solo 7% de los aspirantes sobresalientes de planteles públicos o privados fueron tomados en cuenta.
En Venezuela, los estudiantes de bachillerato deben cursar cinco grados antes de obtener sus títulos; en cambio en la Misión Ribas solo cursan dos grados para obtenerlo.
Andrea Rondón, miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) y coordinadora del Observatorio Derechos de Propiedad, denunció a PanAm Post que con esta medida gubernamental, en Venezuela no se formarán ciudadanos con diversos criterios, sino que vendrán de una educación completamente politizada; asegura que el Gobierno busca destituir a las actuales autoridades que en su mayoría difieren de las actuales políticas gubernamentales.
Rondón dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro, de manera «arbitraria», está violentando la autonomía universitaria, y aseguró que atenta contra la prioridad de las universidades, que es la captación de estudiantes de excelencia académica.
La pasada semana, el el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela falló a favor del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente gubernamental, que ahora será el encargado de distribuir y asignar el 100% los cupos universitarios, basándose en nuevos criterios de captación. El TSJ ordenó a todas las autoridades universitarias a acatar la medida, en la que ya las universidades no podrán asignar sus cupos.
Ahora, se tomarán en cuenta distintas variables que antes no eran fundamentales para el proceso de selección, tales como la localización territorial y las condiciones socioeconómicas del aspirante. Por lo tanto ya no será prioridad si el alumno se destaca o no en sus calificaciones sino que se tomará en cuenta cómo y dónde vive.
Aunque el desacato judicial no figura en el catálogo de delitos que recoge el Código Penal vigente, la Ley de Amparo castiga con hasta un año de presidio a quienes incumplan un mandato de amparo. Por lo tanto, de no cumplirse la orden del ente judicial, las autoridades universitarias podrían terminar en prisión.
Ante la medida, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) instó a los venezolanos a no descansar y estar atentos ante cualquier medida gubernamental que atente contra la educación de ese país.
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