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Dos legisladores ecuatorianos de oposición acudieron el miércoles a la Fiscalía a interponer una denuncia contra el Gobierno de Rafael Correa, por supuestos hechos de espionaje de sus comunicaciones telefónicas.
La denuncia fue interpuesta en medio de una serie de protestas protagonizadas por la sociedad civil, que se volcó a las calles de Quito a manifestar en contra del Gobierno.
Los asambleístas Andrés Páez y Lourdes Tibán denunciaron la divulgación, a través de redes sociales, de sus conversaciones telefónicas, por lo que solicitaron al Ministerio Público que inicie una investigación al respecto.
«Se está poniendo en riesgo nuestra intimidad al publicar nuestros teléfonos y, sobre todo, nuestras conversaciones privadas», dijo Páez a los medios de comunicación. Además señaló que desde que fue publicada la información de su número privado ha recibido amenazas de muerte, como parte de un intento de amedrentamiento que según él es parte de la estrategia del presidente Correa.
La diputada Tibán aprovechó la oportunidad para solicitar al organismo que también se investiguen todas las denuncias relacionadas con la adquisición de programas de espionaje hechos por el Gobierno a la compañía Hacking Team.
Desde el pasado 8 de junio los ecuatorianos se mantienen en las calles de la capital, manifestando por diversos motivos, entre ellos un par de leyes promovidas desde el poder y en especial, contra la iniciativa de Correa de impulsar una reforma para perpetuarse en la presidencia.
Posterior a la denuncia, el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga aseguró que los asambleístas deberán presentar las pruebas necesarias para que se pueda llevar a cabo la investigación.
Chiriboga destacó que en días pasados desde la Secretaría de Inteligencia ecuatoriana le comunicaron que el supuesto contrato con la compañía Hacking Team no existe, por lo que advirtió que los legisladores tendrán que presentar las evidencias para contradecir lo que señala la parte oficial y que solo así se le dará curso a la investigación.
El Fiscal aprovechó la ocasión para recomendar la lectura de un artículo de prensa en el que se evidenciaría que la capacidad de hackeo no es del Estado, porque este incluso ha sido víctima de ese hecho.
Fuente: La Hora, La Tribuna
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