La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tiene en el horizonte un posible juicio por delitos fiscales, cuya investigación lleva el Tribunal de Cuentas Federal de Brasil (TCU). Esto, debido a que el organismo afirma que Rousseff retrasó los pagos a prestamistas estatales en los años 2012 y 2013, para aparentar un menor gasto público y así tener una mejor imagen durante los comicios de Brasil en 2014, en los que buscaba su reelección.
El Tribunal de Cuentas Federal es la entidad con mayor responsabilidad en la contabilidad fiscal de Brasil. Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del TCU, manifiesta que Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal al no efectuar los pagos a los prestamistas, que se emplearon en programas sociales como el seguro de desempleo, lo que provocó un aparente buen estado de las cuentas fiscales de la nación, ayudando a aumentar las posibilidades de reelección de la presidenta durante las campañas electorales.
Oliveira asegura que se retrasó la devolución de fondos por alrededor de 40.000 millones de reales (11.600 millones de dólares aproximadamente), y que aunque otros Gobiernos brasileños en el pasado también han retrasado los pagos, esto nunca se había realizado en tal magnitud.
La Constitución brasileña contempla un juicio político y la destitución del presidente que trasgreda la Ley de Responsabilidad Fiscal del país.
“Nunca imaginé que esto se iba a volver algo tan grande… pero ha tomado otra dimensión política”, agregó Oliveira.
Mientras, el Gobierno reconoce que retrasó los pagos a los prestamistas por el limitado flujo de caja que poseía en aquel entonces, pero que lo hizo sin quebrantar la ley. Además, el Gobierno agrega que se están pagando las deudas este año, razón por la cual se han reducido ahorros y metas fiscales claves para este período.
Por estas razones los opositores al mandato de Rousseff presionan porque se realice el juicio político a la presidenta. Paulo Kramer, consultor político, expresó que “sin lugar a dudas el caso de TCU es el más solido de todos… sirve como la base de un juicio político”.
El fallo del TCU no es jurídicamente vinculante, mas podría dar paso a un análisis del Congreso sobre la posible violación de las reglas fiscales por parte de Rousseff, lo que podría conllevar a la destitución de la misma.
Se espera la decisión final del TCU a finales de agosto.
Fuente: InfoLatam.