Este martes 18 de agosto, en horas de la tarde, el Senado chileno votará la idea de legislar el proyecto de ley para la Reforma Laboral en Chile, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional luego de que la iniciativa obtuviera un resultado dividido por parte del ente parlamentario.
Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión del Trabajo, expresó que cree que se ha conseguido un progreso, ya que “todos compartimos que es necesario generar mayor poder para las organizaciones sindicales”. Asimismo indicó que esta medida contribuiría a aliviar las diferencias en la nación.
Esta reforma laboral, así como la educacional, tributaria y constitucional, integra uno de los puntos fundamentales del programa de Gobierno de Michelle Bachelet el cual busca, en palabras de las mismas autoridades, “nivelar la cancha” con respecto al tema de justicia social.
Por otro lado, la oposición y el sector empresarial han rechazado la propuesta de reforma. Los puntos que generan más conflicto para los empresarios comprenden: la titularidad sindical y un “piso de negociación” mediante el cual el empleador debe ofrecer a su trabajador, como mínimo, los mismos beneficios que hayan sido establecidos en el contrato colectivo anterior. Sin embargo el tema más delicado comprende el reemplazo en huelga, ya que se le prohibiría a los empleadores reemplazar de forma interna a sus trabajadores en huelga.
La senadora Adriana Muñoz expuso su posición con respecto a este polémico punto: “estoy de acuerdo con la propuesta que viene de la Cámara de Diputados, que establece que tiene que existir una huelga efectiva y que no pueden existir reemplazantes internos ni externos”.
Por su parte el senador Hernán Larraín opinó lo siguiente: “no solo hay que mirar el interés de los trabajadores, sino también el interés social de que la fuente de trabajo subsista y, por tanto, una opción sería el reemplazo interno con reasignación de funciones”.
Con respecto a la reforma, unos 420 mil empleados se verían afectados debido al aviso que hicieran varias empresas estadounidenses, las cuales notificaron que podrían irse del país si se aplica el proyecto. Entre las compañías norteamericanas que se pronunciaron en contra de la reforma figuran Coca-Cola, Walmart, Microsoft, General Motors y Master Card, entre otras.
Fuentes: Emol, Radio Agricultura.