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EnglishUna nueva ley, aprobada unánimemente por el Congreso Peruano el 21 de Agosto permitirá a la Fuerza Aérea Peruana (FAP) disparar contra aeronaves bajo sospecha de transportar droga, armas o explosivos.
La ley restaurará la intervención aérea, detenida en 2001, y autorizará a la FAP, en base a evidencia, derribar a aquellas aeronaves usadas para diferentes tipos de tráfico ilícito.
Emiliano Apaza, Presidente de la Comisión de Defensa expresó que la ley “permitirá que la FAP realice sus operaciones tal como debe hacerlas, sin violar los derechos humanos, pero controlando las zonas declaradas como cocaleras”, como los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
La FAP considerará hostiles a todas las aeronaves que vuelen debajo de 3.000 pies de altitud dentro de un radio de 40 millas náuticas, o en espacios aéreos no designados por las autoridades de aviación.
Las ordenes de disparo serán usadas como último recurso en caso de los pilotos se nieguen a cooperar o ejecutar las órdenes emitidas por la FAP.
Apaza aseguró que entre mayo y agosto del 2015, la FAP detectó 222 vuelos irregulares en territorio peruano. Se estima que cada avioneta transportaba en promedio cerca de 350 kilogramos de cocaína.
El congresista Carlos Tubino, autor del proyecto de ley, manifestó que solamente en el año pasado, 180 toneladas de drogas abandonaron el país por vía aérea, mientras que 120 lo hicieron por vía marítima y otras 20 por vía terrestre, añadiendo que el 95% de las “narcoavionetas” provienen de Bolivia.
Contribuyendo los nuevos esfuerzos para el control y monitoreo aéreo, Apaza espera canalizar parte de los $8.4 millones que Perú actualmente invierte en destruir pistas de aterrizaje clandestinas a otras áreas de defensa.
Para Tubino, la actual estrategia para destruir pistas de aterrizaje ha fallado, a pesar de lo que ha invertido el Gobierno, dado que los narcotraficantes pueden reconstruir las rutas clandestinas en menos de 24 horas con un presupuesto de $1,2 millones.
Los Estados Unidos, quien patrocina los programas antidrogas en Sudamérica, se opone a la restauración de esta ley, después de que en una acción conjunta entre la FAP y la Agencia Central de Inteligencia le quitaran la vida a una misionera norteamericana y a su hija pequeña en 2001, mientras su esposo y sus otros dos hijos resultaron gravemente heridos.
Desde esa situación, se habían suspendido los derribos de supuestas narcoavionetas.
Fuentes: El Periódico, La República.
