Gobierno de Guatemala arrinconado tras el llamado a Paro Nacional
Cerca de 70 mil personas se reunieron en el centro de Ciudad de Guatemala para exigir a Otto Pérez Molina su renuncia. Cadenas de Comida como Mc Donalds y Domino’s Pizza cerraron sus puertas como muestra de apoyo al paro nacional del 27 de Agosto, en Guatemala. Además, manifestantes bloquearon al menos 10 carreteras en todo el país.
“Yo podría irme a mi casa, pero prefiero ir a manifestar porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando”, dijo una empleada de Mc Donalds, cuando cerraba el restaurante.
La Procuraduría General de la Nación recomendó a Pérez Molina renunciar a su cargo de presidente, con el argumento de que la ingobernabilidad generará inestabilidad en el país. La Contraloría General de Cuentas, en la misma línea, pidió al mandatario que se retire a fin de no provocar consecuencias mayores.
Lo mismo hizo la Conferencia Episcopal en un comunicado que invitaba a Pérez Molina a reflexionar sobre su postura y evitar conflictividad en Guatemala. Entidades estatales, sectores sociales, estudiantes y personas independientes se han levantado para exigir transparencia en el Gobierno.
Otto Pérez Molina, junto con la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, fueron señalados de ser los líderes de la banda que cometió un fraude aduanero, conocido como el caso “La Línea”, revelado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Baldetti, actualmente se encuentra en presión preventiva.
McDonald’s apoya a Guatemala y cierra sus restaurantes el día de hoy. pic.twitter.com/ExySYaAKwD
— McDonald’s Guatemala (@McGuate) August 27, 2015
A pesar de las protestas y el malestar general en Guetemala, Otto Pérez Molina ratificó su posición de no renunciar. Así lo dijo en una entrevista, la noche del jueves. Explicó que no ha cometido ningún delito y que dará la cara a lo que le toque.
Este jueves, el Congreso nombró una comisión integrada de cinco diputados para valorar si se le retira o no la impunidad a Otto Pérez Molina para que pueda ser juzgado. Tienen un plazo de 60 días y para aprobarlo se necesita el voto de dos tercios del congreso.
