Los maestros continuaron sus marchas en protesta contra el Gobierno uruguayo y su presidente, Tabaré Vázquez, a quien le exigen un aumento de salario y que se destine por lo menos 6% del PIB a la educación.
Sin embargo, el Gobierno uruguayo amenazó a los manifestantes con no otorgarle los aumentos que ya fueron prometidos, si las protestas se extienden hasta 2016.
Las autoridades uruguayas proponen que los docentes reciban URU$25.000 mensuales (US$700) por las 20 horas de clases semanales que dan, mientras que la aspiración de los manifestantes es llegar a percibir URU$30.000 mensuales (US$1.000). La diferencia entre las dos propuestas se ha convertido en la causante de las protestas.
[adrotate group=”7″]El Ejecutivo entregó el lunes el presupuesto al Congreso, donde establece que si no se logra alcanzar un acuerdo con los maestros hasta el 2016, todo ese financiamiento para el salario de los docentes sería destinado íntegramente a la infraestructura educativa.
“Lo sentimos como una mordaza, se nos dijo que si no aceptábamos, ese poquito de dinero sería destinado a infraestructura (…) es insuficiente lo que nos proponen”, manifestó Raquel Bruschera, secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay.
Las maestros se mantienen firmes en su posición, a pesar de que el pasado domingo consiguieron que se anulara el polémico decreto suscrito por Vázquez en el cual se obligaba a los docentes a dar clases, declarando la educación como un servicio esencial.
Este decreto tuvo muchas repercusiones en contra, principalmente de los sindicatos de profesores que lo veían como una medida excesiva que vulneraría sus derechos de protestar.
Todas estas manifestaciones han causado rupturas dentro de la coalición gubernamental de Frente Amplio. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue uno de los que se opuso al decreto y se negó a utilizar la fuerza para que se cumpla. Lo consideraba como un atentado contra el derecho a la huelga.