Este miércoles se presentó un proyecto de ley que busca reformar el artículo 9 del decreto 278-2013 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas por el congresista liberal Walter Romero. La medida actual cobra el 1.5% de las ventas brutas para los empresarios que tienen ingresos iguales o superiores a los 10 millones de lempiras anuales (US$ 460 mil).
“Es una medida que está causando bastante daño, que está permitiendo el cierre de muchas empresas y por tanto, se está perdiendo una gran cantidad de empleos”, señaló Romero. Añadió que los más perjudicados son las familias pobres que dependen de las empresas para conseguir trabajo.
Ante el argumento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que señala a este impuesto como una medida antievasión, el Congreso explicó que se trata de una medida confiscatoria, dado que en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, se define a sus componentes como todo ingreso estatal que venga a modificar el ingreso de los contribuyentes.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó que si bien la medida tenía como objetivo evitar la evasión fiscal de las empresas, ya perdió su razón de ser con el nuevo sistema de facturación. “Esto indica que ya no hay una forma de subvaluar, sobrevalorar y mucho menos de doble facturar, porque existe una medida efectiva para controlar a aquellas empresas que no declaren de forma correcta los impuestos”, dijo Emín Abufele, vicepresidente del Cohep.
Esta resolución entró en vigencia en enero de 2014, los empresarios reclamaron y presentaron un recurso de inconstitucionalidad por verse afectados, pues el impuesto debe pagarse a partir de las ventas brutas, independientemente de presentar utilidad o pérdidas al finalizar el año. Afirman que la medida ha generado pérdidas en las empresas y el aumento del desempleo. “Debemos enfocarnos en la sostenibilidad del sector privado y las inversiones”, declaró Luis Larach, ex presidente del Cohep en una entrevista.
[adrotate group=”7″]En junio pasado, la Corte Suprema falló a favor del decreto 278-2013 con respecto al recurso de inconstitucionalidad emitido por el sector empresarial. Fue un fallo unánime en el cual reiteraron la vigencia de la medida y sugirieron que si algún empresario se siente afectado, se acerquen para analizar el caso conforme a derecho.
Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comentó a cerca del fallo que es necesario “evaluar el criterio jurídico, yo confío que a través del diálogo eso se puede derogar”.