Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1983, un tribunal argentino anuló las elecciones del pasado 23 de agosto en la provincia de Tucumán, tras las denuncias de fraude e irregularidades que formuló la oposición.
Los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek ordenaron al gobernador de Tucumán, José Alperovich, convocar nuevas elecciones para el cargo de gobernador, y demás cargos provinciales.
La decisión llegó tras cuestionamientos del frente opositor Acuerdo para el Bicententario (APB), que denunció irregularidades durante el acto electoral, como la quema de urnas, la aparición de una urna vacía, otra con más votos que cantidad de electores, así como la entrega de bolsas de comida a cambio de votos.
La agrupación opositora, además, denunció la adulteración de padrones y urnas, enfrentamientos durante la elección, mesas constituidas sin las presencia de fiscales opositores, y “manifiesta parcialidad” de la Junta Electoral
“No fue una elección libre y auténtica de carácter democrático”, opinaron los magistrados.
Los jueces consideraron que “los hechos comentados y probados limitaron o influyeron en el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar.”
El gobernador Alperovich adelantó en un comunicado que apelará el fallo, y será la Corte Suprema de Tucumán quien deberá zanjar el conflicto. Allí el panorama es más alentador para el Gobierno, ya que tres de los cinco jueces que la integran fueron designados por el propio Alperovich.
[adrotate group=”8″]
Desde la Casa Rosada condenaron la decisión judicial y la calificaron de “destituyente”. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró que se trata de “una decisión ridícula, destituyente, de una enorme gravedad institucional porque se mete con la voluntad popular”.
Fue “un golpe de Estado judicial”, sentenció el ministro, quien sugirió que el caso tiene que llegar hasta la Corte Suprema de la Nación.
El titular del oficialista Frente para la Victoria en la provincia, Marcelo Caponio, aseveró que el Gobierno nacional deberá intervenir la provincia por dos años si no se resuelve el conflicto antes del 29 de octubre, cuando vencen los mandatos de las autoridades actuales y anticipó que seguirán “hasta las últimas consecuencias” contra los dos jueces que anularon la elección, “ya sea con denuncias penales o juicio político para su destitución”.
“No tengo ninguna duda. Si la Corte Suprema de Justicia sostiene el fallo, es imposible realizar una elección en 30 días”, advirtió Caponio. “Tendremos que esperar uno o dos años para que se restituyan a la normalidad todos los poderes”.
Según el cuestionado conteo definitivo, el candidato oficialista Juan Luis Manzur, quien fue ministro de Salud en Argentina entre 2009 y 2015, había logrado la victoria, al superar por más de 11 puntos a José Cano, candidato del APB.
Fuente: La Nación