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La Fiscalía General de Colombia envió documentos a la Corte Suprema de Justicia de ese país para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su supuesta participación en la masacre del corregimiento El Aro, en la que murieron 17 personas cuando era gobernador de Antioquía.
De igual modo, la Fiscalía hizo lo mismo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para abrir una investigación en relación con el homicidio del paramilitar Francisco Villalba, quien fue condenado por esta masacre y señaló a Uribe por los hechos.
La masacre por la que investigarán al expresidente colombiano sucedió en 1997, cuando un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia torturaron y asesinaron personas en el corregimiento del Aro.
Las investigaciones emprendidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín determinaron que los asesinatos no se hubiesen logrado sin apoyo de helicópteros.
Villalba, quien fue condenado a 33 años de prisión, señaló que Uribe estuvo al tanto y fue cómplice de los hechos; pero días después de lograr la medida de casa por cárcel fue asesinado por dos sicarios.
Jesús María Valle, un abogado que había denunciado relaciones directas entre la fuerza pública, las autoridades locales y los paramilitares, también fue asesinado por un grupo de sicarios un año después de la masacre.
Por su parte Uribe Vélez expresó a través de su cuenta en Twitter: “Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”.
Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi Gbno, en calidad de testigo electoral en mi contra!
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2015
Alejandro Ordóñez, procurador general de ese país, dijo que «llama la atención que justo cuando se revela el acuerdo de justicia entre el Gobierno y las FARC, se conozca la compulsa de copias».
Agregó que la guerrilla ha exigido como condición para la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno que se condene a Uribe Vélez.
Cabe destacar que ante la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en el año 2000 al Estado colombiano por la violación del derecho a la vida. La sentencia del organismo internacional afirmó que los asesinatos tanto de Villalba como de Valle, impidieron el buen desarrollo de las investigaciones.
Fuentes: Confidencial Colombia, El Espectador
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