English Version
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual amplía las medidas de protección que en abril de este año había emitido en favor del preso político venezolano Leopoldo López, ahora para exigir que se garantice la integridad física de su esposa Lilian Tintori y sus hijos.
La misma medida favorece también al ex alcalde de San Cristóbal y preso político Daniel Ceballos, su esposa Patrica de Ceballos y a sus hijos.
De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo internacional, la petición fue hecha por considerar que Tintori, Ceballos y los hijos de ambas parejas se encontrarían en riesgo, debido a presuntos actos de violencia y hostigamiento solo por ser familiares directos de los presos políticos.
Al ampliar la solicitud de medidas de protección, la CIDH pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física de Lilian Tintori, Patricia de Ceballos y los hijos de ambas, y que además concierte las medidas adoptadas con los afectados y sus representantes legales.
El organismo también solicitó que se le informe sobre las acciones tomadas, con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la solicitud de ampliación de la medida cautelar en favor de estas personas.
Defensores defendindidos
El pasado 14 de octubre, el organismo internacional también recibió la solicitud de emitir medidas cautelares de protección en favor de Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida, Inti Rodríguez y Marino Alvarado, miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), las cuales fueron aprobadas.
De acuerdo con la solicitud presentada ante la CIDH, las personas favorecidas por esta medida de protección habrían sido objetos de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia, por su papel de defensor de derechos humanos en Venezuela.
[adrotate group=»8″]
El organismo evaluó los alegatos presentados por los solicitantes, y advirtió que después de analizar los datos, considera que «los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encuentra en riesgo», dice el comunicado emitido por la CIDH.
En vista de esto, pide al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física de todos los representantes de la ONG PROVEA, de manera que puedan seguir desarrollando su tarea como defensores de derechos humanos, sin ser objetos de amenazas, hechos de violencia u hostigamientos.
Fuente: CIDH
Discusión sobre post