La Procuraduría General de la Nación de Panamá decidió reabrir los casos de las 116 personas desaparecidas durante la dictadura militar que, con diferentes jefes de Estado, se prolongó entre 1968 y 1989. La fiscal Geomara Guerra de Jones será la encargada de llevar a cabo la investigación.
Guerra explicó que se levantó un inventario de los procesos para conocer su estado procesal y así considerar las posibilidades de continuar con las investigaciones. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), informó que solo podrán ser inspeccionados 20% de los restos óseos que se encuentran en los depósitos.
La representante del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego”, Maritza Maestre, anunció que seguirán presionando para saber el paradero de sus familiares. Además, denunció que las autoridades han desperdiciado mucho tiempo, lo que ocasionó el extravío de testimonios y pruebas, como lo que sucedió en el Imelcf, donde restos óseos desaparecieron.
Maestre explicó que pedirán una audiencia con el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, para retomar la mesa de diálogo que iniciaron con el anterior Gobierno. Asimismo, junto con el sacerdote Conrado Sanjur, reconoció que el anuncio de la Procuraduría General de la Nación es una nueva esperanza para cerrar el caso de los desaparecidos.
En el Imelcf se encuentran 60 cajas con los restos de las personas desaparecidas y se necesitaría una comparación de la muestra con la de sus familiares para confirmar quienes son las víctimas. Después de 40 años, la fiscal Guerra admitió la ardua investigación que se debe realizar. Sin embargo, dijo que hará su mejor esfuerzo y que ya solicitó información al Órgano Judicial y al Ministerio Público para conocer expedientes de personas desaparecidas durante la dictadura. Además, ya organizó reuniones con los familiares y con el Imelcf.
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En el año 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió la instalación de una mesa de diálogo entre los familiares de las víctimas y el Gobierno de Panamá, luego de que los allegados presentaran una demanda por denegación de justicia y violación de los Derechos Humanos. Sin embargo, desde esa fecha no existieron indicios de que la investigación avanzara. La comisión aspira a que esta nueva apertura de la averiguación sea decisiva para encontrar los restos de sus familiares.
Sanjur explicó que el comité no renuncia a la posibilidad de hacer nuevas excavaciones para ubicar los restos. Aunque, muchos de los sitios donde se presume que se encuentran las víctimas han desaparecido. Es el caso del Cuartel de Los Pumas de Tocumen, hoy en día un aeropuerto.
Fuente: La Prensa.