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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un informe que analiza la corrupción en México: Transamos y no avanzamos. La investigación señaló que la mejor manera de disminuir el fenómeno es por medio del fortalecimiento de las instituciones autónomas del poder político.
La politóloga y coordinadora del estudio, Amparo Casar, explicó que la corrupción afecta a la sociedad de manera directa. «Frena la economía, disminuye la productividad, favorece el rentismo, agrava la desigualdad, obstaculiza la justicia y genera desencanto con la democracia», expresó. Según el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, la actos de corrupción se presentan como la principal preocupación de los inversores extranjeros.
El 63% de los empresarios consideraron que la corrupción es parte de la cultura de negocios en México . Además, la mitad de las compañías reconocieron pagar un soborno. «Pensamos que nos conviene porque la percepción es que las conexiones políticas ofrecen oportunidades para tu empresa, dan ventajas sobre los competidores y aceleran los trámites», dijo Casar.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha referido a la corrupción como un problema cultural en las sociedad latinoamericanas. Sin embargo, IMCO aclaró en el informe que no es una cuestión que esté en el ADN del mexicano sino que es un asunto de las organizaciones independientes. «Para enfrentar el problema se necesitan mil agujas. Pero el hilo conductor son instituciones fuertes y autónomas del poder político», indicó el director de IMCO, Juan Pardinas. El director colocó de ejemplo a Guatemala y la creación de su fiscalía especial internacional, creada y financiada por la ONU, para trabajar en las denuncias presentadas por corrupción.
Pardinas también criticó el dinero que destina México para perseguir a los corruptos, porque solo se ocupan 12 funcionarios con un presupuesto de US$1,5 millones, mientras en Hong Kong destinan US$120 millones y trabajan más de mil personas en resolver el problema. «La solución pasa por crear instituciones e incentivos para cambiar el clima cultural de permisividad», manifestó.
Casar insistió en que es necesario corregir las instituciones para ponerle fin a los casos de corrupción, «porque las autoridades son las primeras que tienen la obligación de no corromperse«. «Es el enemigo público número uno de México», afirmó.
Fuentes: El País.
