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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el pasado 13 de noviembre al Gobierno de Perú entregar 10 alpacas y una casa a Zenón Osnayo y Marcelo Hilario Quispe, dos hombres que hace 24 años perdieron a sus familiares, animales y sus casas por parte de una patrulla militar. El delito se llevó durante el conflicto armado del mandato de Alberto Fujimori, cuando el Ejército detuvo a 15 personas y las asesinaron en una mina abandonada.
El caso fue denunciado a la CIDH en julio de 1991, 22 días después de los crímenes. Después de 24 años la Corte exigió al Gobierno «determinar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en la sentencia». Un solo militar fue condenado por el delito de ejecución extrajudicial en el caso Santa Barbara, llamado así por la comunidad donde sucedieron los hechos.
La Corte, además, indicó que se acusa de desaparición forzada porque las autoridades tenían el propósito de eliminar todas las evidencias de lo que ocurrió. La desaparición forzada y detenciones ilegales fueron ejercicios comunes de las fuerzas armadas durante 1980 y el 2000, período de violencia iniciado por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, la CIDH afirmó que el Gobierno peruano se negó reconocer las detenciones y dar información sobre el destino de estas personas, para generar incertidumbre sobre la vida o muerte de las víctimas, y así provocar intimidación.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresó en un comunicado que «de los siete militares involucrados en la masacre, dos fueron excluidos por su edad; otros dos, Dennis Wilfredo Pacheco y Javier Bendezú, tienen órdenes de captura por la Interpol y (en el caso de Pacheco) una orden de extradición por parte del Estado; los dos restantes fueron liberados de toda responsabilidad».
Por otro lado, Perú también debe identificar los restos en la mina Misteriosa, sitio que debe ser protegido para su preservación, y pagar US$ 80 mil a los familiares de los niños y adultos desaparecidos, por concepto de daño inmaterial. Además, si en el plazo de un año el Gobierno no le ha entregado la vivienda a Hilario y Osnayo, deberá pagarles US$ 25 mil a cada uno.
Fuentes: El País
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