El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía de Uruguay firmaron el 1° de diciembre el documento que habilita “El Guardián”, que es un sistema de espionaje que permite interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos. Los datos serán registrados en un software denominado Sistema Automatizado de Interceptores Legales (SAIL), y para ser escuchados deben ser autorizados por un fiscal.
El programa se adquirió hace dos años y medio, de forma secreta; sin embargo, no estaba sujeto a ningún control bajo el consentimiento de un juez. El sistema permite vigilar, de forma simultánea, hasta 800 celulares, 200 teléfonos fijos, 100 cuentas de correo electrónico y redes sociales. El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, explicó que la observación se multiplicó “por cinco o seis” porque nunca monitorearon más de 100 llamadas al mismo tiempo.
Los datos que se recojan mediante “El Guardián” serán registrados en SAIL y quedarán establecidos en el sistema de pedidos de escuchas por parte de la policía. Todo bajo el conocimiento de la solicitud de parte del fiscal actuante y el conocimiento o negativa del juez. Las empresas de telecomunicaciones enviarán cada tres meses a la SCJ y a la Fiscalía la información recaudada para así verificar que coinciden con las órdenes judiciales permitidas.
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“El único medio que podemos usar las tres partes para comunicarnos es el SAIL. Por allí también se registran las órdenes judiciales, previa vista del fiscal. Todo va a tener un soporte electrónico”, explicó Chediak. El ministro del Interior, Eduardo Banomi, admitió que la policía podía utilizar los datos sin la autorización de los jueces. De igual forma, señaló que “El Guardián” es más seguro que los 22 sistemas de espionaje que tiene el Estado y, además, expresó que fueron detectadas escuchas ilegales. Sin embargo, explicó que aún falta la capacitación de policías, fiscales y jueces.
“Una escucha ilegal puede llegar a tener pena de prisión, no es un delito deleznable. La Constitución habilita sólo la interceptar por orden del juez, no hay otra forma en que se pueda”, aclaró Chediak. El sistema fue adquirido por el Ministerio del Interior en el año 2013 a la empresa brasileña Digitro por US$ 2 millones. Su compra generó polémica en el bando opositor y se exigió que funcione bajo una ley de inteligencia.
Fuentes: El País