English Version
Las investigaciones de bienes patrimoniales de exmandatarios salvadoreños sigue, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país ordenó auditar, a través de la Sección de Porbidad, a los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, así como al actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
Las auditorías ordenadas ayer por los 15 magistrados que conforman la Corte Plena, se realizarán a las declaraciones patrimoniales presentadas por los dos expresidentes desde el momento en el que asumieronn la presidencia de la República, y cuando dejaron de fungir en alto cargo público.
También el examen se le hará a la declaración patrimonial presentada por Sánchez Cerén cuando fungió como vicepresidente durante la administración de Mauricio Funes, según fuentes de la CSJ.
Explicaron que la Corte Plena decidió ordenar las auditorías a los dos expresidentes y a Sánchez Cerén, debido a la solicitud de información que requirió un ciudadano.
Sin embargo, las fuentes de la CSJ dijeron que la Sección de Probidad no tiene plazo para concluir las auditorías ni tampoco para enviar los resultados de las mismas.
[adrotate group=»8″]
Deben justificar US$6.5 millones
La Sección de Probidad cuestiona las declaraciones patrimoniales del expresidente que señaló que cuando llegó a la presidencia tenía un patrimonio líquido de US$3.689.632,07 de los cuales US$725.213,25 correspondían a «cuentas por cobrar», mientras que el patrimonio líquido de su grupo familiar era de US$326.617,67.
Cinco años después, luego de finalizado su mandato, reflejó un patrimonio de US$13.156.270,65, es decir, tuvo un incremento de casi 10 millones de dólares.
El informe a Probidad señala que su salario mensual como presidente se mantuvo en US$3.467,43 mientras que sus ingresos anuales en concepto de aguinaldo, sobresueldos, vacaciones y otros fue de US$22. 069,68
El incremento de su fortuna se ve reflejado, en su mayoría, en el rubro de «Otros activos e inversiones» donde suma un total de US$9.258.680. También el patrimonio familiar refleja un incremento; al final del mandato se fijó en US$1.125.318,55.
Fuente: elsalvador.com
