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Presencia de grupos irregulares en los hospitales que ha dirigido, detenidos bajo su gestión por protestar, medicamentos desaparecidos, servicios cerrados… Antonieta Caporale, la séptima ministra de Salud del gobierno de Nicolás Maduro (en menos de cuatro años, lo cual de por sí dice mucho), es una digna sucesora de Luisana Melo, cuya gestión se caracterizó por la desaparición de las medicinas, y antes que ella, de María Eugenia Sader, contra cuya gestión hay una investigación abierta por corrupción.
Caporale, que significa “caporal”, en italiano: “capataz de una estancia de ganado” (según la RAE), parece haberse tomado su apellido en serio: sus gestiones como directora en dos hospitales públicos de altísima importancia en Caracas, la capital venezolana, han estado signadas, aparte de por el fracaso, por enfrentamientos con los trabajadores de las mismas.
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Así, se dio a conocer públicamente en 2010, cuando era directora de la muy conflictiva y eternamente en crisis Maternidad Concepción Palacios, de Caracas, la más importante del país, porque tres enfermeras de esa institución fueron detenidas por la Policía Municipal de la capital venezolana en el marco de una protesta de sus compañeras que exigía su destitución. Como es práctica de larga data en los tribunales venezolanos, aunque fueron liberadas sin cargos, se les prohibió participar en nuevas protestas, dar declaraciones públicas y “acercarse” a Caporale.
Y aunque las protestas siguieron en esa institución, la cual fue llevada prácticamente a un cierre técnico durante el año 2013, Caporale fue “premiada” en 2015 con la dirección del Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela, uno de los dos hospitales-escuela más prestigiosos, al cual ha ido arrinconando hasta el cierre técnico. ¿Su “talento” para seguir ascendiendo en medio de la crisis asistencial venezolana? “Un fervor religioso para apoyar el proyecto bolivariano de Hugo Chávez”, destaca la página web venezolana elpitazo.com, y muestra el siguiente video:
Quien la sucedió en la Maternidad es, a su vez, Alí Barrios, su esposo. Como en otros tantos espacios, en la salud, en la “Revolución Bolivariana”, todo queda en familia, a pesar de las repetidas advertencias que hacen la Constitución y las leyes contra el nepotismo.
Desde que Caporale asumió el cargo, que fue abandonado (sic) por su antecesor, José España, hace dos años, como otra muestra de la grave situación que enfrenta la salud venezolana, la crisis del Hospital Universitario de Caracas (HUC) no ha hecho sino crecer.
Y aunque España tuvo que lidiar con un hospital ya colapsado, en dos años Caporale no lo mejoró: de diez quirófanos operativos que tenía la institución (que fue sometida la década pasada a una costosísima remodelación que se tomó varios años y que finalmente no produjo ningún resultado) hoy solo tiene dos; los rayos X fueron cerrados durante su gestión, al igual que el laboratorio, que tiene siete meses inoperativo.
Al igual que en la Maternidad, en el HCU la conflictividad con sus trabajadores marcó la gestión de la “flamante” ministra de Salud venezolana. Una gestión que tuvo un punto más que álgido el 21 de agosto de 2016, cuando médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo se pusieron de acuerdo para protestar y exigir la destitución de Caporale. Aparte de responsabilizarla por la falta de insumos y de equipamiento, señalaron que trabajaban “bajo amenazas”.
Que no mentían se supo poco después: el 23 de agosto, Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, fue golpeado por cinco sujetos al salir de una reunión con Caporale en el hospital. Dos personas que trataron de ayudarlo salieron, una con fractura de cráneo, y la otra, con varias piezas dentales menos. Zambrano, a su vez, resultó con severos hematomas en el rostro y el cráneo. El 27 de ese mes, fueron despedidos dos auxiliares de enfermería y un camillero, y los sindicalistas del hospital denunciaron que varias personas más fueron amenazadas para que no participaran en protestas.
Y dos días después, el 29 de agosto del año pasado, se produjo un incidente que no ha sido investigado pero que resulta ominoso: mientras los trabajadores protestaban, llegó un grupo de inadaptados al centro asistencial e hirió a dos de ellos con arma blanca, y propinó un disparo a Eladio Mata, huyendo posteriormente. El supuesto agresor, apodado “el Tico”, forma parte de un grupo violento que amedrenta permanentemente a los empleados del hospital cuando a estos se les ocurre protestar.
La funcionaria afirmó posteriormente (solo por el canal del Estado venezolano, VTV) que lo ocurrido “nada tenía que ver con reivindicaciones laborales”, señalando que Mata “no forma parte del personal de la institución […] Se viene agitando con fuerza a un grupo de trabajadores metiendo una ponzoña venenosa, tratando de enmarcar a –los trabajadores– en un tema laboral para poder calentar un preludio de lo que va a pasar acá”.
Lo cierto es que con semejantes credenciales, no es factible pensar que en Venezuela, un país en el que volvió la malaria, en el que la mortalidad infantil y materna está en crecimiento, en el que escasean las medicinas y la esperanza de vida está descendiendo, del que se han fugado más de 15.000 médicos en los últimos años, Caporale va a tener un éxito en su gestión, como no lo tuvieron sus predecesoras.
Al menos, las leyes venezolanas obligan a que los ministros de Salud sean galenos. Más de lo que se puede decir de los ministros de la Economía, por ejemplo.
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