Radiografía del plebiscito a un año de la victoria del No en Colombia: las predicciones se cumplieron

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Pese a que el Gobierno Nacional logró salvar los diálogos con la guerrilla de las FARC en La Habana, prometiendo la paz y otras garantías tanto para las FARC como sus cabecillas. Un año después de la votación sigue rondando las especulaciones de los opositores con el “No” y de los que impulsaron el acuerdo con el “Sí”. (Twitter)
Un año después de la votación sigue rondando las especulaciones de los opositores con el “No” y de los que impulsaron el acuerdo con el “Sí”. (Twitter)

Este lunes 2 de octubre se cumple un año del resultado del Plebiscito en Colombia, sin embargo, los pronósticos hechos por algunos opositores han venido calando a lo que viene sucediendo en el país, una implementación que a toda luz parece imponerse por la fuerza que por el derecho y el respaldo ciudadano.

Pese a que el Gobierno Nacional logró salvar los diálogos con la guerrilla de las FARC en La Habana, prometiendo la paz y otras garantías tanto para las FARC como sus cabecillas. Un año después de la votación sigue rondando las especulaciones de los opositores con el “No” y de los que impulsaron el acuerdo con el “Sí”. Los partidos de la coalición (Unidad Nacional) han aprovechado la baja favorabilidad tanto del Gobierno como del presidente Santos y se han sumado a la oposición para hacerse a un lado y no aprobar el pilar de los acuerdos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es el caso de Cambio Radical que se suma a la férrea defensa del Centro Democrático que apela a modificar gran parte de los acuerdos o “hacerlo trizas”.

Tras el resultado, el presidente Juan Manuel Santos desconoció el plebiscito que en principio fue un error convocarlo debido a su naturaleza constitucional, ya que este no tiene efectos jurídicos sino políticos. Es decir, Santos esperaba un espaldarazo político por parte de los colombianos y desde allí se pretendía refrendar lo acordado con las FARC, esa sería una de las justificaciones y legitimación del acuerdo en la Constitución. Después de conocer la victoria del “No” en las urnas, se impuso una maquinaria pro acuerdo que desbordó la capacidad del Estado tanto legislativa como fiscal para poner a rodar el acuerdo e implementarlo.

Sin duda, el resultado fue “depurado” con arreglos por parte de FARC y Gobierno y se impulsó en el Congreso con parlamentarios “enmermelados” a través del mecanismo Fast Track, el cual posteriormente fue puesto en jaque por la Corte Constitucional debido a la falta de deliberación al momento de votar el articulado contenido, en el que la oposición sigue señalando que es cubierto por un manto de impunidad y de amenaza al Estado de derecho en Colombia.

Entre las exigencias y denuncias de los votantes del “No” en su momento y que revindican al día de hoy, se destaca; que los responsables de delitos de lesa humanidad pagaran cárcel, que hasta ahora no ha sucedido. Asimismo, rechazar la elegibilidad política para miembros de FARC, ahora constituidos en movimiento político, que patrimonio y recursos obtenidos producto de narcotráfico y economía criminal fuese garantía de reparación para las víctimas, además del rechazo de considerar el asesinato de militares como un delito conexo al delito político, también la dirección por parte del Gobierno Nacional a que el Congreso solo discuta y apruebe aquello que este le permita relacionado con lo pactado en La Habana.

Además de los muchos argumentos esgrimidos por ambas partes, las campañas exageradas también fueron blanco el día de las elecciones, las amenazas y desinformación hecha por el Gobierno no se hicieron esperar. Según el presidente Santos se había asegurado  que, si ganaba el “No”, la guerrilla de las FARC volvería inmediatamente a la selva para hacer una guerra que llegaría a las grandes ciudades, (se está cumpliendo, pero con el nombre de disidencia de las FARC a pesar de haberse implementado parte del acuerdo). Además, que la Registraduría Nacional tampoco hizo referencia a la posible compra de votos con dineros públicos, al parecer desde el Gobierno se gestaba una campaña por el “Si” con la entrega de obras públicas. Sin lugar a duda las campañas estuvieron marcadas por la influencia de las redes sociales, las cadenas enviadas por WhatsApp se convirtieron en constantes pugnas que se veían reflejadas en las calles y en las mismas plataformas justificadas en fuertes apasionamientos.

En ese sentido, el pulso del Gobierno de implementar el acuerdo a toda costa y de amarrar a los parlamentarios a tal decisión se vio reflejada al inicio de la legislatura. El presidente Santos, ante el acto que dio inicio al nuevo periodo de sesiones legislativas en el Congreso, resaltó las acciones realizadas durante su mandato para alcanzar “una paz total en el país” y pidió a los congresistas aprobar el acuerdo con una fuerte división al respecto.

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su implementación va mal, a pesar de la aprobación del acto legislativo, el Comité de Escogencia nunca generó la confianza esperada sobre los magistrados elegidos. Recientes investigaciones demuestran que, de los 51 juristas elegidos para juzgar delitos en ocasión al conflicto, se pone en duda la “neutralidad” de esta jurisdicción ya que muchos de ellos tuvieron contratos con la actual administración del presidente Santos y otros pasaron a través de la llamada “puerta giratoria”. La ley en el Congreso está atascada por artículos muy peligrosos, y no está claro que cuenten con los votos para aprobarla en Comisión Primera de Senado.

Cabe recordar que la JEP se circunscribe dentro del ordenamiento jurídico hasta el momento como cabeza jurisdiccional, podrá revisar fallos de jueces y tribunales de jurisdicción ordinaria, al parecer no rendirá cuentas y tendrá una vigencia prorrogable de al menos doce años.

De otro lado, la reciente visita al país de Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), genero expectativa y lanzo algunas advertencias, en prestar atención al desarrollo que ha venido teniendo la implementación de los acuerdos de paz con las FARC en el marco del posconflicto, ya que la fiscal espera que los delitos de lesa humanidad no queden impunes para los altos mandos de esa guerrilla. Otra de las alarmas de la JEP es que la ley estatutaria tendría una norma que predica que quienes se sometan a dicha jurisdicción y solo acepten su responsabilidad durante el juicio, terminaran pagando la mitad de su pena, que inicialmente está establecida entre cinco y ocho años de cárcel, aunque se trate de delitos de lesa humanidad.

El “Sí” vendió la idea de que cesaría el conflicto y es que, a pesar de la reducción de violencia en las zonas periféricas del país, sigue existiendo un pésimo control terriotiral y de seguridad en las zonas dejadas por las FARC. Muchas de estas zonas están hoy dominadas por ‘bacrim’, ‘Clan del Golfo’, disidencias y guerrilla del ELN. Lo que ahora se conoce como “cambio de brazalete” es que tales grupos al margen de la ley ejercen presencia criminal y de narcotráfico.

Por otra parte, la garantía de reparación como argumento fuerte por parte de los promotores del “Sí” se vio amenazado por la misma FARC, tras entregar la declaración de bienes en su poder en las que se incluyó enseres de cocinas y otros artículos no susceptibles de dominio económico.

Sobre esto, la fiscalía ha emprendido una cruzada para identificar todos los bienes de las FARC en el país, así como los que posiblemente tengan en el exterior y de la posibilidad de denunciar a testaferros. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martinez, ha señalado que los guerrilleros que no denuncien a sus testaferros serán excluidos de las garantías de la JEP.

Es indiscutible en ocasiones el hermetismo del Gobierno al momento de llevar a cabo la implementación del acuerdo, que parece más una lucha con el tiempo que con el buen hacer. Tanto así, que las FARC han criticado la gestión del Gobierno y declaran un incumplimiento desde ahora. En una carta Timoleón Jiménez relata que se encuentra preocupado por el incumplimiento por parte del Gobierno, esto es solo una muestra de cómo los obstáculos de la implementación han minado la confianza de los involucrados, dejando en evidencia que la mayoría de garantías pactadas exceden la posibilidad de ejecutarlas.

Y es que el presidente Santos ha actuado por encima del derecho vigente, sin escuchar a las otras ramas del poder y a la oposición, prueba de ello y es que sin haberse aprobado la JEP de forma definitiva en el Congreso de la república, se nombró un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras y se anunció un decreto para que entre a operar antes de que se apruebe la ley estatutaria que reglamenta su operatividad. Se autoriza además que, “hasta tanto se adopte la Ley Estatutaria que desarrolle la JEP, con cargo al presupuesto del Fondo Colombia en Paz se adquirirán los bienes y servicios que se requieran para la puesta en funcionamiento de la jurisdicción”.

Por otro lado, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana y precandidato para 2018, señala que las versiones sobre el plebiscito siguen como hace un año, llenas de odio e informaciones falsas. “Es más elocuente la intransigencia de algunos que siempre encuentran argumentos para trabar un proceso que es la mejor salida para el país. Pero más que confrontación, los hechos van a ir ganando espacio en los colombianos de buena fe. El mejor Acuerdo de Paz es el que logró terminar el conflicto y la guerra con las Farc terminó” afirmó.

Por su parte, el partido Centro Democrático radicó ante la Registraduría Nacional de Colombia un comité promotor para convocar un referendo derogatorio del acuerdo Santos-FARC.

En las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla se espera que opositores salgan a las calles bajo un mismo lema: “2 de octubre, aniversario del robo del plebiscito”, y en Twitter. “El haber desconocido el resultado traerá un voto de castigo el próximo año”, advierte Josías Fiesco, líder de las juventudes por el NO.

El Centro Democrático rinde homenaje a las personas que votaron por el NO en el plebiscito por la paz el 2 de octubre del 2016 e insiste en la tesis de que el Gobierno hizo “conejo” a los resultados en las urnas. De igual forma, habrá un homenaje a las víctimas de las Farc y a los integrantes de la Fuerza Pública que murieron en el marco de la confrontación con ese grupo.

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