Se destapó un nuevo escándalo al interior de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía General de Colombia abrió investigación formal en contra de tres funcionarios por supuestamente encubrir la salida de excomandantes de las FARC de los espacios territoriales.
Según la investigación de la Fiscalía, existe material probatorio que permite inferir que al interior de la justicia encargada de juzgar los delitos más graves del conflicto, un grupo de funcionarios habrían ideado una serie de actos de corrupción y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) por parte de algunos excomandantes de la antigua guerrilla.
La Fiscalía citó a interrogatorio a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y a dos abogados contratistas de su oficina, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez.
Este caso ayudaría a profundizar la desconfianza e ilegitimidad que ronda a la JEP.
Martha Lucía Zamora
La abogada Zamora, quien hoy funge como secretaria ejecutiva de la JEP, está en la mira de la justicia, pues figura como una de las tres personas investigadas por encubrir presuntamente a exfarc para que salieran de las zonas veredales donde se encuentran agrupados los desmovilizados luego de la firma del acuerdo de paz.
A tres meses de su nombramiento en la justicia especial sigue saliendo a la luz pública su cuestionado proceder en la justicia colombiana. Precisamente estas acusaciones por fuera de la ley no parecen un hecho aislado, pues en el pasado estuvo involucrada en casos de corrupción de estirpe nacional.
Proceso 8.000
Zamora, como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, precluyó la investigación penal en contra del entonces candidato presidencial Horacio Serpa por haber transportado, de forma ilícita, una millonaria suma de dinero de la campaña de ‘Ernesto Samper Presidente’ a la isla de San Andrés.
La investigación fue archivada cuando existían pruebas suficientes que establecían que la Presidencia para el periodo entre 1994 y 1998 había sido “financiada” por los narcotraficantes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Dragacol
Corría el 2000 y le fue asignado el caso de corrupción Dragacol, uno de los más grandes en el país. En ese proceso hizo condenar a la mayoría de intervinieres del ilícito menos al exministro de Hacienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas Santamaría.
Cárdenas, en ese entonces, era el director nacional de Planeación y había sido exministro de Obras Públicas. Fue vinculado al proceso por la Fiscalía tras acusarlo por el delito de peculado culposo. Según el ente acusador, el funcionario no tomó las medidas necesarias para evitar la conciliación irregular por más de 26.000 millones COP (USD 12,4 millones) entre el Estado y la empresa Dragacol. Posteriormente, la Fiscalía archivo la investigación en contra de Cárdenas.
En ese mismo proceso, Zamora se enfrentó a su antiguo jefe, el famoso penalista Antonio José Cancino. El abogado la recusó ante el Fiscal, quien a su vez negó la recusación.
Operación Milenio
En el marco de la Operación Milenio (1999), donde se logró la captura de treinta narcotraficantes por parte de efectivos de la Policía y la DEA, Zamora también se vio involucrada al hacer una mala jugada jurídica sin el beneplácito de sus superiores. La entonces Fiscal decidió abrir investigación a todos los capturados, la cuestión era que, al tener una investigación en Colombia, la extradición del capo Fabio Ochoa Vásquez, un antiguo miembro del hoy desarticulado cartel de las drogas de Medellín y los otros capturados, se podía enredar.
La decisión fue tomada por Zamora desconociendo los lineamientos del entonces Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, según afirmó este en ese entonces. Esto llevó a que Zamora renunciara a su cargo tras defender su actuación.
Diomedes Díaz
Zamora volvió a sonar en 2003 cuando fue procuradora Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de solicitar una rebaja de pena en el proceso en contra del famoso cantante de vallenato Diomedes Díaz por el caso de la muerte de su amiga Doris Adriana niño.
Incluso, para la misma Corte Suprema le fue extraña la petición de redosificar la pena.
“(…) no puede la Sala dejar de consignar su profunda extrañeza por la inusitada acuciosidad de la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal, digna de mejor causa, cuando es lo cierto que en otros fallos de similar contenido, el silencio sobre el particular ha sido la actitud constante de las Procuradurías Delegadas ante esta Corporación”.
La jurista aseguraba que al famoso cantante se le había violado el principio de favorabilidad.
Iván Velásquez
Cuando Iván Velásquez fungía como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema llamó a Zamora luego de que esta salió de la Procuraduría tras la llegada de Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la OEA.
Zamora estuvo acompañando a Velásquez entre 2009 y 2011 en los casos más álgidos por paramilitarismo, investigó a Óscar Josué Reyes, Óscar Suárez Mira, Luis Humberto Gómez Gallo, César Pérez García y a Nancy Patricia Gutiérrez, actual ministra del Interior.
Velásquez, recientemente expulsado de Guatemala por ser comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), generó varios escándalos en Colombia cuando dedicó parte de su trabajo, entre 2006 y 2012, a investigar casos de parapolítica en el que se le acusó varias veces de haber politizado sus investigaciones judiciales, las mismas críticas que ha recibido en Guatemala.
Gustavo Petro
Después de que Gustavo Petro llegara a la alcaldía de Bogotá, este la nombró como su secretaria general. Se mantuvo hasta el final del polémico período de Gobierno, que terminó el 31 de diciembre de 2015.
July Milena Henríquez Sampayo
El nombre de July Milena Henríquez Sampayo aparece también en el grueso dossier que tendría la Fiscalía. Cabe destacar que la contratista hizo parte de la Fundación Lazos de Libertad, que manejaba casos de al menos 140 excombatientes de las FARC.
Henríquez Sampayo tiene una larga trayectoria en el campo jurídico en materia de excarcelación de excombatientes de las FARC. Este trabajo lo ha venido desarrollando desde hace casi dos décadas al estar en temas de derechos humanos y al haber sido coordinadora de la Comisión Jurídica de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, que también se encargaba de estos casos.
Antes de llegar a la JEP conoció varios de los procesos de excombatientes que en su momento no habían llegado a esa jurisdicción.
Asimismo, en 2014 la abogada realizó giras al exterior acompañando a integrantes del movimiento político de izquierda, Marcha Patriótica (cercano a las FARC), a eventos sobre derechos humanos en Colombia.
Luis Ernesto Caicedo
Otro de los funcionarios de la JEP que haría parte de este grupo de funcionarios es el abogado Luis Ernesto Caicedo, exintegrante del equipo jurídico de restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Luis Ernesto Caicedo Ramírez pasó de ser mano derecha de Jennifer Mojica en la Comisión Col Juristas a funcionario de la JEP encubridor de criminales de las Farc. Coincidencias o afinidades ideológicas? pic.twitter.com/wTttGrQqw3
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 11, 2018