EDITORIAL: Venezuela no tendrá presidente legal a partir del 10 de enero

Es urgente que el Parlamento asuma su responsabilidad y designe una alternativa que quiebre el disminuido deber de obediencia que aún posee Maduro y, de esa manera, pueda tutelar la verdadera transición hacia la libertad en Venezuela

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(Prensa presidencial)

El 10 de enero vence el mandato legal de Nicolás Maduro en Venezuela. El dictador fue electo a través de elecciones fraudulentas, plagadas de vicios, en 2013. El Consejo Nacional Electoral chavista reportó finalmente que Maduro obtuvo un mayor número de votos, incluso que el propio Hugo Chávez en sus últimas elecciones.

Ese mandato electoral fue, inesperadamente, reconocido por el entonces líder de la oposición y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, lo que obligó a la comunidad internacional a reconocer, a su vez, la legalidad del «triunfo» de Maduro, aún frente a las evidencias fehacientes de un fraude.

Este año, 2018, Maduro organizó un nuevo proceso electoral, esta vez boicoteado por la oposición luego de que el régimen chavista inhabilitara y encarcelara a las principales figuras de la disidencia que podrían fácilmente ganarle en unos comicios libres.

Ese proceso electoral ha sido desconocido por la comunidad internacional. Más de 50 países han expresado formalmente el desconocimiento a la supuesta reelección de Nicolás Maduro. Y, además, han expresado que no lo reconocerán como legítimo presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019.

Hoy, honorables venezolanos —incluyendo a la líder de la oposición, María Corina Machado; personas defensoras de la legitimidad democrática a nivel internacional, como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria; el abogado y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar; el abogado y visiting fellow en Harvard, José I. Hernández; el dirigente y reconocido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; y el secretario general de la OEA, el intachable Luis Almagro—, han alzado su voz para exigir que la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en los últimos comicios libres, llene el vacío del ejecutivo que, por la ausencia de legitimidad, ha dejado el dictador Nicolás Maduro.

Maduro ha intentado por todos los medios clausurar la Asamblea Nacional. Para esos efectos se inventó la espuria Asamblea Nacional Constituyente, repleta de los más sumisos acólitos del régimen. Hasta ahora no lo ha logrado. Es hora de que la Asamblea no solo defienda la legalidad, sino defienda su propia existencia, por ser el último vestigio republicano en Venezuela.

Se trata, precisamente, de que el Parlamento, la principal institución democrática remanente —aún denostada, menguada y minada desde adentro, por algunos de sus mismos diputados— se subordine al proceso que corresponde y designe a un presidente —o Gobierno de transición, junta de Gobierno o la entidad que más convenga— para edificarse como alternativa legítima, sensata y urgente, al régimen tiránico de Maduro.

Ello alzaría una nueva plataforma, inédita, que se vuelva óbice para la necesidad del régimen chavista de obtener alguna legitimidad internacional, sobre todo luego del 10 de enero, fecha en la que se pretende juramentar Maduro como presidente.

Además, esta nueva entidad, cuya existencia solo respondería a la ilegalidad y cualidad totalitaria del régimen, que estaría llenando un vacío manifiesto, y estaría compuesta por venezolanos honrados, respetados y necesarios, podría capitanear nuevas ofensivas contra la dictadura.

Al mismo tiempo, como en su momento sugirió el mismo director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Kennedy School of Government en Harvard, el venezolano Ricardo Hausmann, esta entidad gozaría de la legalidad y el respaldo para convocar a la comunidad internacional y demandar asistencia para deponer al régimen de Nicolás Maduro y expulsar al Estado invasor de Cuba.

Como Gobierno legítimo, designado por la Asamblea Nacional y seguramente respaldado por la Fiscalía de Luisa Ortega Díaz y el Tribunal Supremo de Justicia de Miguel Ángel Martín, tendría que ser reconocido por las grandes democracias del mundo. Entonces, ya con un amparo importante, podría articular los últimos y decisivos asedios para terminar de desbaratar a la agónica dictadura.

La última en pronunciarse sobre esta discusión fue María Corina Machado. Este 21 de diciembre publicó un importante audiovisual en el que dijo: “¿Qué tiene que pasar entre el cinco y el diez de enero? Hay que acabar con el Estado criminal. Tenemos que salvar a Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer día (…) El diez de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo”.

“Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional, designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional. ¿Que esto tiene riesgos? Sin duda. ¿Que habrá una arremetida? Es muy posible. Pero no hay otra opción que el desconocimiento total de la tiranía. Cohesionar una fuerza institucional en la dirección de la ruptura del sistema”, aseguró.

María Corina Machado dijo que los diputados deberán estar conscientes de su responsabilidad y deberán tener “una gran fortaleza ética y espiritual”. Hizo énfasis en que este no es el momento de que los partidos, nuevamente, piensen solo en sus intereses.

“Nos estamos jugando la vida. Y los ojos de Venezuela y el mundo están sobre ustedes. A la Asamblea Nacional: asuman la batuta del coraje, del desconocimiento y la ruptura histórica (…) El 10 de enero no está en juego la legitimidad de Nicolás Maduro. Lo que está en juego es la legitimidad de la propia Asamblea Nacional”.

Ciertamente. Se trata de una tesitura delicada en la que el mayor peso recae sobre el Parlamento. Aunque arrastran un historial gris, lleno de desengaños, apremia ejercer la mayor presión para que, en este momento crucial, los asambleístas asuman su responsabilidad.

Por todo lo mencionado, y por la obligación que tiene el PanAm Post con la contienda por la libertad de la región, hoy debilitada por la existencia de un régimen socialista y peligroso, vinculado a mafias internacionales, como el de Venezuela, expresamos nuestro respaldo decidido a las propuestas de Diego Arria, José Ignacio Hernández, Ricardo Hausmann, Antonio Ledezma, Miguel Ángel Martín, Luis Almagro y María Corina Machado.

La Asamblea Nacional de Venezuela debe asumir, urgente, su responsabilidad y designar una alternativa que quiebre el disminuido deber de obediencia que aún posee Nicolás Maduro y que, de esa manera, pueda tutelar la verdadera transición hacia la libertad de una nación devastada.

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