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Compras de medios en Venezuela encubren control de la información

Por: Pedro García Otero - Mar 7, 2015, 8:00 am
Presiones desembozadas y encubiertas amenazan a medios venezolanos.
Presiones desembozadas y encubiertas amenazan a medios venezolanos. (La Trinchera)

EnglishSe sigue siempre el mismo patrón: Capitales “extranjeros” compran un medio en Venezuela. Nunca (o casi nunca) se sabe quiénes son los nuevos propietarios, empresas que tienen rimbombantes nombres que terminan en un trust financiero en Vermont, Estados Unidos, o en una oficina vacía en el centro de Madrid.

Lo segundo que sucede es una petición de “equilibrio”. El medio, se afirma, es demasiado opositor. Necesita más presencia de la fuente gubernamental. Lo siguiente son las peticiones de “bajarle dos” (al volumen de las denuncias). Finalmente, los periodistas incómodos, aquellos que no dan su brazo a torcer, o que se niegan a desviar el curso de una investigación, son despedidos o colocados en posiciones de irrelevancia para obligarlos a renunciar.

A los que se quedan se les exige que no interpreten, analicen o pongan en contexto; el periodismo “plano”, es la orden. Y así, la sociedad venezolana termina escuchando una sola voz: la que se quiere desde las alturas del gobierno de Nicolás Maduro.

Estos son algunos de los resultados de la investigación “Propietarios de la Censura”, realizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una ONG venezolana que desde 2013 viene haciendo seguimiento a la compra de 25 medios de comunicación durante los últimos cinco años.

El informe, presentado en siete videos, durante este jueves 5 de marzo, documenta los casos del Grupo Últimas Noticias (anteriormente, Cadena Capriles), El Universal, los regionales Versión Final, El Norte y Nueva Prensa de Guayana, como medios impresos; de Globovisión, en televisión; de un grupo de radios en la provincia, incluyendo el prácticamente confiscado Circuito Nacional Belfort (CNB), uno de las más grandes del país, cuyas principales frecuencias fueron asignadas a una radio de la Asamblea Nacional (Parlamento); y de un grupo de medios controlados sin ningún pudor desde el Fondo Social de Pdvsa, en las zonas donde la petrolera estatal tiene campos de exploración u operaciones de refinación.

IPYS muestra un comportamiento cada vez más burdo en los medios que han sido comprados. Globovisión —televisora que llegó a tener trece procedimientos abiertos en su contra por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en 2012-13— vio como, ese mismo año, cuando fue comprada por empresarios afines al gobierno, esas potenciales sanciones quedaban en el olvido.

La que el Instituto denomina “bestia negra del régimen revolucionario”, bajó sus decibeles tan pronto como fue adquirida por los empresarios Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Cordero. La periodista Diana Ruíz cuenta cómo fue despedida por hacer una simple mención de la escasez (palabra que está prohibida en el léxico del canal, tal como “inflación”). Los homicidios no se pueden contabilizar, solo se pueden presentar casos aislados; hay listas de personajes vetados, historias de notas modificadas e historias que nunca son publicadas o desaparecen de la página web cotidianamente.

El punto de quiebre de la mayoría de los periodistas de la emisora fue el 12 de febrero de 2014, cuando se escenificaban disturbios violentamente reprimidos en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República, en Caracas (por los que el dirigente opositor Leopoldo López fue detenido una semana después y continúa preso); el canal “de noticias”, mientras tanto, transmitía programas de archivo. Aparte de López, hay cinco acusados, todos por el asesinato de un joven, Bassil Da Costa, en las cercanías de donde se producían los disturbios. Son funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El mismo caso marcó un punto de inflexión en el Grupo Últimas Noticias. Un impactante reportaje audiovisual de su departamento de investigación sobre los hechos del 12 de febrero —que ganó el premio IPYS— derivó en las presentaciones de sus casos judiciales. Tamoa Calzadilla, una reputada periodista venezolana, cuenta que poco tiempo después, Eleazar Díaz, el director del rotativo (que permanecía de la gestión anterior a la venta) le exigió un reportaje en el que “se condenaran las guarimbas (protestas estudiantiles) y se dijera que eran “financiadas desde el exterior” (coincidiendo con la versión de los hechos que mantiene el Gobierno de Nicolás Maduro). Calzadilla presentó su renuncia al cargo.

En El Mundo, diario económico de la cadena, su director, Omar Lugo, fue despedido por un titular relativo a la inflación que resultó incómodo para el gobierno. Las presiones alcanzaron incluso a Líder, el diario deportivo del Grupo.

En el caso de El Universal, más reciente, los periodistas resienten la nueva línea del diario, sobre todo en su sección de Economía; los de Versión Final, El Norte y Nueva Prensa de Guayana derivan de presiones judiciales contra estos diarios, o por querellas internas entre sus accionistas o por acciones intentadas desde las autoridades regionales contra ellos.

En el caso de la radio, el informe de IPYS señala que por presiones, los grandes circuitos nacionales han sido desmembrados. “Quedan una especie de islas; en la provincia, en la que la radio priva como medio de información, las emisoras se han convertido en medios de entretenimiento. Son pocos los programas de opinión (…) hay autocensura, cambio interesado hacia otro contenido, para mantenerse al aire (…) pero las presiones no son solo para sectores opositores, aquí en Maturín (Monagas, suroriente) también alcanzan a (…) las voces disidentes del propio oficialismo”, señala Ciro Ramones, un locutor de esa entidad.

En un país en el que el presidente acusó esta misma semana a Televen (una de las pocas televisoras relativamente independientes) de estar detrás de un golpe de Estado, y calificó a los periodistas de la agencia Efe de “estúpidos” por señalar que en Venezuela podría producirse una intentona militar de izquierda, las presiones desembozadas —y las sutiles— son cotidianas, se destaca en el informe. Marianela Balbi, directora del IPYS, indicó que la investigación fue llevada a cabo por más de 30 periodistas, con la colaboración de las páginas Armando.info y Poderopedia.com.

Señaló que el tema de la propiedad de los medios en Venezuela es “medular para la libertad de expresión”. El informe, por cierto, no fue reseñado por ninguno de los grandes medios nacionales, especialmente aquellos mencionados en él.

“Los consumidores tienen derecho a saber quiénes son los dueños de los medios que están leyendo o viendo”, concluye. “Esta investigación devela los vínculos de esos medios con los factores de poder que están detrás de ellos”.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.