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Donald Trump, la xenofobia y la lógica del escándalo político

By: Pedro García Otero - Jun 18, 2015, 1:16 pm

EnglishEs a Salvador Dalí a quien se le atribuye la frase “de mi que hablen, aunque sea bien”. Seguramente Donald Trump no tuvo en mente al artista español, maestro del surrealismo pictórico y oral, cuando se lanzó como candidato, este martes. Aunque su presentación también tuvo bastante de surrealista (obviamente, Trump sabe que no va a ser presidente de Estados Unidos, y la imagen de su nieto peinado y vestido igual que él, como una suerte de “Mini-me”, ha sido objeto de burlas en las redes sociales), se diferencia de la frase del genio de los bigotes en que Trump prefiere que de él hablen mal.

Solo así se explican las infelices declaraciones del magnate inmobiliario que coquetea nuevamente con la política, acerca de México y los mexicanos. Ya había levantado controversia cuando dijo, hace semanas, que la frontera tiene que ser completamente amurallada (estamos hablando de 3.185 kilómetros); en su lanzamiento, señaló que México “está enviando sus problemas para acá (…) están enviando drogas, enviando crimen, son violadores”. Luego matizó —o intentó matizar— su discurso con la siguiente frase: “asumo que algunos (?) son buenas personas…”

¿Cuál es la lógica de las declaraciones de Trump? Si la tiene, solo tiene que apuntar a armar escándalo. Esta misma semana, una encuesta Pew, reflejada por PanAm Post, señalaba que 72% de los estadounidenses están abiertos a la posibilidad de legalizar a los inmigrantes que están en el país; esto es tres de cada cuatro estadounidenses. Entre los menores a 30 años, esta cifra sube a 80%.

Difícilmente es popular la posición de Trump; el número de estadounidenses que piensan que la inmigración debe disminuir ha caído de 51% a 31% a lo largo de esta década. Por supuesto, sin embargo, las medidas antiinmigración tienen más aceptación entre los republicanos (público al que el magnate inmobiliario apunta) que entre los independientes.

Trump no será Dali, pero es un hombre al que no se le pueden negar múltiples talentos: Su habilidad para hacer dinero, su peinado de zorrillo y su pasión por el show business, que abarca desde sus guapas esposas hasta su control del certamen de Miss Universo y su exitosa participación en El Aprendiz, programa en el cual, por cierto, muestra que para él, ser odiado no representa el menor problema. Quizás este gusto por el escándalo motiva sus declaraciones.

Pero México salió raudo a criticar al empresario; Miguel Osorio, ministro de Interior del país vecino, calificó el discurso de Trump de “prejuicioso e injurioso (…) son los mexicanos que están allá, por diferentes circunstancias, quienes ayudan a Estados Unidos y a fortalecer a este país como potencia mundial”. El narrador de noticias Joaquín López Dóriga lo calificó de “cretino” y en general, la sociedad mexicana, que ya no le tenía mucha estima (en ninguno de los dos lados de la frontera) incrementó su animadversión hacia él.

Univisión destacaba, en una nota entre informativa y de opinión, que el empresario, el número 405 en la lista de Forbes, había invertido “de Uruguay a Puerto Rico, y de México a Brasil”; el diario El País reseñaba que los grandes ligas de los capitales estadounidenses, como Warren Buffett, Bill Gates y y Sam Walton (en este sentido, Trump es casi un pobre) invierten ingentes cantidades en el  país vecino; y Mark Zuckerberg, de Facebook, le daba un portazo en las narices al anunciar que iba a financiar la educación de jóvenes inmigrantes indocumentados. Dos tuits, de los comediantes Rob Schneider (casado con una mexicana) y Dave Rubin, se volvieron virales:

Más allá de la xenofobia implícita en las declaraciones de Trump, está claro que consiguió el escándalo que quería conseguir. No competirá con Jeb Bush, ni con Rand Paul, y seguramente, tampoco con los candidatos demócratas; pero eso es lo de menos. Trump no quiere ser presidente, quiere ser una figura pública.

Y si Dalí decía “de mi que hablen aunque sea bien”, a Carlos Menem, expresidente argentino, se le atribuye la frase contraria: “de mi que hablen aunque sea mal”. Aquello de que “ninguna publicidad es mala publicidad” es la lamentable moda de los tiempos, tanto en el showbusiness como en los negocios y la política. Todos, por cierto, campos de interés de Donald Trump.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.

Ecuador apuesta a exportar injusticia internacional

By: Contribuyente - Jun 18, 2015, 12:57 pm

Por María Dolores Miño Esta semana, los firmantes de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) se enfrentan a un desafío histórico: elegir a los magistrados que integrarán el más alto tribunal regional en la materia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta elección es particularmente preocupante para quienes trabajamos como abogados, docentes y defensores de derechos humanos en Ecuador, debido a que el Gobierno de Rafael Correa avaló la postulación del actual presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, a tan importante cargo. Si nos fijamos en la trayectoria reciente de Pazmiño, podremos concluir sin mayores complicaciones que este no cumple con los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad para integrar el órgano de derechos humanos más importante en América. Esta crítica responde a un análisis serio de su trabajo como presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, y cómo ha debilitado el ejercicio de los derechos que consagran la CADH y la Constitución de Ecuador. Para ser juez de la CIDH no basta conocer la materia de derechos humanos. Tampoco basta con haber “trabajado” —de manera genérica— en cuestiones relacionadas con derechos humanos. Un candidato medianamente aceptable debería demostrar que sus gestiones, ya sea desde lo público o lo privado, han contribuido notablemente a fomentar la vigencia y observancia de las normas y estándares emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Así, aún si aceptáramos que Pazmiño reúne los requisitos académicos y profesionales para ser juez de la CIDH, carece, creo, del requisito fundamental: tener un compromiso serio de que tales preceptos sean respetados. Su falta de compromiso es fácilmente demostrable comparando las normas y estándares emanados del SIDH (que son de obligatorio cumplimiento para Ecuador), y las decisiones que en años recientes ha emitido la Corte Constitucional que preside. Antecedentes dudosos En materia de libertad de expresión, la CIDH indicó en la Opinión Consultiva OC5-85 que “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público (…)”. No obstante, cuando se demandó la inconstitucionalidad del art. 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) por consagrar a la comunicación social como un servicio público, la Corte Constitucional negó el reclamo, agregando además que los periodistas, en calidad de prestadores de ese servicio, tienen obligaciones y deberes que deben observar. Así, el derecho a la libertad de expresión fue transformada, con el aval de Pazmiño en un servicio, y nosotros los ciudadanos, ya no es sus titulares sino en sus garantes. Los demandantes alegaban que las responsabilidades ulteriores establecidas la LOC constituían tipos abiertos e imprecisos que contrariaban el principio de legalidad establecido por la CIDH en los casos Kimmel v. Argentina, Palamara Iribarne v. Chile, Usón Ramírez v. Venezuela y otros. Preocupaba especialmente la vaguedad de la figura del “linchamiento mediático”, por las posibles arbitrariedades que podría generar su aplicación. Contrariando a la CIDH, la Corte Constitucional reconoció que la figura era ambigua, pero que la determinación de su alcance quedaría a criterio de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Con ello, se permitió que el derecho a la libre expresión quede al arbitrio de un ente adscrito al Poder Ejecutivo, que vive enfrentado constantemente con la prensa independiente. Algo similar ocurrió con la decisión sobre la inconstitucionalidad del Código de la Democracia. Ahí, la Corte Constitucional decidió que los medios de comunicación podrían “emitir información u opinión, pero no hacer promoción directa o indirecta en favor o en contra de algún candidato o partido político”. Al hacerlo, violó lo dispuesto por la CIDH en Ricardo Canese v. Paraguay, donde destacó “la necesidad de que se proteja la libertad de expresión en el marco de una contienda electoral, pues todos han de poder indagar y cuestionar (…) así como disentir y confrontar sus propuestas, para formarse un criterio con miras al ejercicio del sufragio”. Otros atropellos El silencio de Pazmiño ante los atropellos de los tribunales inferiores son igualmente graves. En 2013, un juez provincial reiteró un fallo de primera instancia donde se aceptó una acción de protección presentada contra el diario La Hora por el subsecretario de la Administración Pública, por “haber violado el derecho a la honra de la Función Ejecutiva” (¡!) al publicar un artículo donde se cuestionaba el gasto público en publicidad oficial. A pesar de que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le faculta a la Corte Constitucional a revisar sentencias que por su gravedad y relevancia podrían afectar derechos fundamentales, la Corte toleró la aberración jurídica que hoy en día es costumbre en este país: que una institución pública se atribuya titularidad sobre derechos humanos. Ello, a pesar de que la CIDH sostuvo, en Usón Ramírez v. Venezuela, que los derechos consagrados en la CADH corresponden a las personas —es decir, a seres humanos— y no a instituciones públicas. De lo anterior, podemos barajar dos opciones. O Pazmiño desconoce la jurisprudencia interamericana (y por eso no es capaz de aplicarla cuando la situación lo ha exigido); o, conociéndola, ha optado por contravenirla por no ser conveniente al régimen de turno. Si lo primero fuera correcto, Pazmiño no cumpliría el requisito establecido en el artículo 52 de la CADH, que indica que quienes aspiren a jueces de la CIDH deberán ser juristas “de reconocida competencia en materia de derechos humanos”. Si resultara ser lo segundo, en base a ese mismo artículo Pazmiño no podría considerarse como un jurista de “alta calidad moral”. Si a ello le sumamos los escándalos no aclarados por corrupción que han surgido mientras ha presidido la Corte Constitucional, estamos frente a un candidato que posiblemente tampoco es probo para ostentar ese cargo. En este sentido, los Estados Partes de la CADH deberán elegir entre el mejoramiento técnico y jurídico de nuestra más alta Corte regional, o por la politización progresiva y la metida de mano en un tribunal que para muchos, es la última esperanza para obtener verdad, justicia y reparación. María Dolores Miño es especialista en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, docente en la Facultad de Derecho UDLA-Quito. Síguela: @LoloMino.

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