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“…y para mis enemigos, la Ley”

Por: Pedro García Otero - Jul 19, 2015, 5:05 pm
En la Cota 905 se denunciaron supuestos excesos policiales, que rápidamente fueron desestimados por la "imparcial" fiscal general venezolana. (El Impulso)
En la Cota 905 se denunciaron supuestos excesos policiales, que rápidamente fueron desestimados por la “imparcial” fiscal general venezolana. (El Impulso)

I)

En menos de una semana, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela ha inhabilitado a tres políticos, todos opositores: María Corina Machado, Enzo Scarano, y, apenas este sábado 18 de julio, a Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, el estado más grande del país, así como exalcalde de su capital, Maracaibo.

Machado, diputada destituida en un proceso a todas luces ilegal, fue inhabilitada por un año por no declarar unos beneficios que señala no haber percibido, y que al precio actual del dólar en el país del “chavismo” equivalen a US$60; Scarano, exalcalde del municipio San Diego, en el céntrico estado Carabobo, fue inhabilitado por el mismo lapso, pues, se argumenta, no entregó un documento (mientras estaba encarcelado e incomunicado por un desacato por el que el Tribunal Supremo lo sentenció, lo inhabilitó y lo destituyó en el mismo día, sin posibilidad de apelación). Pero a Pablo Pérez la inhabilitación le llegó por diez años, bajo el argumento de haber violado el artículo 105 de la Ley de Contraloría.

Su sentencia administrativa no explica cómo la violó, y no le da más recurso que ir al Tribunal Supremo de Justicia venezolano a solicitar una apelación en el lapso de 180 días, mismo procedimiento que le ofrece a Machado y a Scarano. Un Tribunal Supremo que en nueve años no ha emitido una sola sentencia desfavorable al Gobierno “chavista” y que, presumiblemente, fallará luego de las elecciones parlamentarias de diciembre, a las que los tres eran candidatos por la oposición.

Un día antes de anunciar la inhabilitación de Pablo Pérez, la Contraloría emitió un comunicado en el que informaba que el diputado del PSUV (Gobierno) José Javier Morales era el nuevo subcontralor general de la República. Morales no había salido favorecido para la reelección en las primarias del oficialismo.

El contralor elegido en diciembre, Manuel Galindo, no lo fue por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, sino por la mayoría simple oficialista, en un procedimiento express, criticado por la Academia de Ciencias Jurídicas, pero avalado por (adivinaron) el Tribunal Supremo de Justicia. Galindo es considerado una “pieza” de la primera dama venezolana, Cilia Flores; Morales sustituye a Guison Flores (el hermano de Cilia).

Para completar este panorama, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del régimen, Diosdado Cabello, señaló en su programa de televisión: “inhabilitado no puede inscribirse, así de sencillo”. De nada valió la tibia defensa del nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien cuestionó las inhabilitaciones administrativas y señaló que todos deben ser susceptibles de poder ser candidatos a cargos de elección popular.

II)

El lunes, en una zona popular de Caracas, llamada Cota 905 (en el que se venían suscitando tiroteos y la policía no podía actuar) la policía y la militarizada Guardia Nacional Bolivariana entraron y abatieron a 16 presuntos delincuentes en un procedimiento que fue cuestionado por Provea, organismo defensor de los derechos humanos, que acusó a los funcionarios de extralimitaciones.

Testimonios posteriores de vecinos de esta barriada señalan que los delincuentes que buscaba la GNB huyeron porque tenían información previa del operativo; que al menos cuatro de los que terminaron muertos no se enfrentaron a los funcionarios; y que al menos uno fue detenido con vida y hallado posteriormente en la morgue.

En cualquier país, esto hubiera sido suficiente para que se iniciara una investigación; sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dos días después de los hechos, aseguró que “el Estado actuó apegado a la Ley”.

Los vecinos, entre tanto, denunciaron allanamientos masivos de morada sin órdenes judiciales y robos de equipos como DVD y televisores en las humildes viviendas; la policía impidió a los periodistas el acceso al barrio durante y después del operativo, y a los familiares de los fallecidos en la morgue. Poco a poco, sin embargo, lo que sucedió se va sabiendo.

Por años, se ha acusado al Gobierno de armar a grupos delincuenciales y darles carta blanca en las llamadas “Zonas de Paz“. Ahora, bajo la sombra de unas elecciones en las que puede salir mal parado, intenta dar la impresión de luchar contra una delincuencia que se le ha escapado de las manos y ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo.

III)

Se atribuye al militar y dos veces presidente de Perú, Oscar Benavides, la frase “para mis amigos todo, para mis enemigos, la Ley”. En Venezuela, el partido chavista controla, desde hace 16 años, el Poder Ejecutivo; en todos los parlamentos desde 2000, el chavismo ha sido mayoría, e incluso, entre 2005 y 2010, la oposición no participó en el mismo. Además, esos parlamentos aprobaron cinco leyes habilitantes a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por las cuales se aprobaron más de 250 leyes.

Además de eso, en este momento, el partido gobernante copa 20 de 23 gobernaciones, y dos terceras partes de las 335 alcaldías del país.

Pero en este país, controlado férreamente por una cúpula, los únicos corruptos son los opositores. La fiscal no ha querido investigar los delitos o bienes que se le atribuyen a Diosdado Cabello; al contrario, tanto ella como el Tribunal Supremo han salido en su defensa.

El país, según Transparencia Internacional, es el más corrupto de la región (puesto 161 entre 175 países a nivel mundial).  Solo en 2012, desaparecieron, según Jorge Giordani, US$25 mil millones de las arcas públicas por corrupción. Giordani sabe lo que dice: Fue el sempiterno ministro de Planificación de los 14 años de Gobierno de Hugo Chávez.

En este empobrecido país, como bien lo saben los vecinos de la Cota 905, la justicia se aplica con dos raseros. Para quienes están con el Gobierno, todo; para quienes están en contra (o se vuelven molestos), “la Ley”. “La Ley” aplica igual para ricos y pobres, para María Corina Machado en la señorial zona caraqueña de Sebucán o para quienes viven en “ranchos” de lata en la punta de un cerro; pero no para un chavista corrupto. Mantiene preso a Leopoldo López, mientras deja que se escapen US$25 mil millones en una nación al borde de una crisis humanitaria.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.