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Casi 2 millones de personas se congregaron en 438 ciudades de 14 estados de Brasil para exigir la renuncia de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, acosada y acusada por graves escándalos de corrupción tanto de su Gobierno como del de su predecesor, Lula Da Silva, contra quien se solicitó a final de esta semana su detención preventiva.
Miles de opositores coparon las calles de ciudades como Río de Janeiro y Belo Horizonte, y con una multitudinaria manifestación en Sao Paulo se exigió la salida del poder de Rousseff, justo un año después de que similares protestas congregaran a 1,7 millones de personas.
Esta es la primera vez que los partidos de oposición brasileña apoyan explícitamente las manifestaciones por la salida de la presidenta, quien enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato, que culmina en 2018; los legisladores buscan combustible para motorizar ese proceso que está en ciernes en el Congreso.
Desde hace un año, la popularidad de Rousseff ha tocado mínimos, la inflación llegó a dos dígitos por primera vez en una década y la contracción de la economía ascendió a -3,8%, lo que puso en un compromiso aún más complicado a la mandataria brasileña, tras 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
“Hago un llamamiento para que no haya violencia. Creo que todas las personas tienen derecho a salir a la calle (…) nadie tiene derecho a crear violencia. Nadie. De ningún lado”, afirmó el sábado la presidenta, en reacción a la convocatoria a las manifestaciones.
Rousseff compareció en público, sonriente, el viernes y contraatacó a quienes le exigen renunciar: “¿Creen que tengo cara de estar resignada? ¿Creen que tengo genio para resignarme? Yo no estoy resignada ante nada y no tengo esa actitud ante la vida (…) Cuenten, por lo menos, que no tengo cara de quien va a renunciar”, le dijo a los periodistas que le hacían preguntas.
Paralelamente a las protestas contra Dilma, miles de manifestantes del PT salieron también a las calles, pero en respaldo a la mandataria y a Da Silva, quien está bajo la mira de las autoridades judiciales por la presunta comisión del delito de ocultación de patrimonio.
El PT sostiene que es víctima de un “golpe de Estado judicial” y que tanto Rousseff como Da Silva son víctimas de una campaña sucia que busca empañar su imagen.
Fuentes: El Día Online, El Comercio, Cuba Debate.
