Supremo venezolano prohíbe manifestar contra ente comicial

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Un joven manifestante es detenido el miércoles en una marcha opositora en Caracas. (Francisco Alarcón)
Un joven manifestante es detenido el miércoles en una marcha opositora en Caracas. (Francisco Alarcón)

En una nueva sentencia “pret-a-porter” contra la oposición venezolana, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenó impedir la realización de protestas en los alrededores de las sedes del Consejo Nacional Electoral, con el argumento de proteger a los trabajadores de este organismo de “acciones de violencia”.

El fallo, emitido como un amparo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deja sin estrategias, de momento, a la oposición venezolana, que durante tres veces en las últimas dos semanas intentó marchar hacia las sedes del Consejo Electoral en todo el país para reclamarle a este organismo celeridad en la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial para el que entregó ya más de 1,8 millones de firmas.

La sentencia, emitida a favor de cuatro supuestos empleados del CNE que solicitaron un amparo, no se fija en la brutal represión a la que fueron sometidos, en todas las oportunidades, los manifestantes opositores; sino en que, en la última manifestación, realizada el miércoles pasado, en Caracas siete jóvenes agredieron a un piquete de funcionarios.

Basándose en ello, el Tribunal Supremo venezolano establece una nueva categoría: La predelictual. Señala en su sentencia que “de las agresiones sufridas por los miembros de los órganos de seguridad por parte de los manifestantes convocados a estas concentraciones contra el Consejo Nacional Electoral, se presume que los accionantes, trabajadores en general y rectores corren el riesgo de ser víctimas de acciones similares”; y agrega que las manifestaciones opositoras pueden generar “perturbaciones psicológicas” a los trabajadores del Consejo Electoral y a la sociedad venezolana en general.

En tanto, los siete jóvenes, que se encuentran detenidos en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) han sido severamente golpeados, según señaló el diputado opositor Edgar Zambrano.

Según medios venezolanos, las torturas tendrían como objetivo que inculparan a Ángel Rodríguez, jefe de Seguridad de la opositora Asamblea Nacional venezolana, quien también fue detenido el jueves cerca de su casa, en el centro de Caracas, luego de que el ministro del Interior, el general del Ejército Gustavo González Lopez, lo acusara de “entregar dinero” a los jóvenes opositores para que estos realizaran los desmanes.

Los jóvenes tenían que ser presentados ante tribunales el viernes, pero, según versiones de prensa, estaban tan severamente golpeados que este acto legal no pudo realizarse.

En total, según una estimación del Foro Penal Venezolano, una ONG defensora de los derechos humanos, las manifestaciones del miércoles dejaron 44 detenidos en todo el país. Algunos de ellos fueron liberados pocas horas después, pero la mayoría de ellos no han sido presentados ante tribunales, según señaló el director de este grupo, el abogado Alfredo Romero.

Mientras, el jefe de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, indicó que “con el argumento de que cuatro comadres (las rectoras del Consejo Electoral) tienen miedo, el TSJ prohíbe que nos acerquemos a las sedes del Consejo Electoral a exigir que no sigan saboteando el revocatorio”.

Sin embargo, la próxima semana continuarán en toda Venezuela las manifestaciones opositoras, tal como relató el líder opositor Henrique Capriles Radonski, en conversación con PanAm Post realizada el viernes.

Conocido por su alineación

Esta nueva sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela viene a alinearse con las que, durante los últimos meses, han dejado sin efecto todas las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional luego de que, en las elecciones parlamentarias del pasado septiembre, quedara en manos de la oposición por amplia mayoría.

Pero la alineación de la justicia con el régimen de la “revolución bolivariana” no es novedad: Desde 2005, cuando una reforma le dio el control al chavismo del máximo tribunal, hasta 2015, el Supremo emitió más de 9 mil sentencias, sin que una sola fallara contra el Estado, como lo demostró un grupo de juristas en el libro El TSJ al servicio de la revolución.

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