Maibel Josefina Herrera, de Guama, estado Yaracuy, en Venezuela, se convirtió oficialmente en la primera perseguida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los CLAP son una figura con la cual el Gobierno de Nicolás Maduro pretende sustituir el abastecimiento mediante la oferta y la demanda, formato común en todos los países del mundo y que se realiza mediante cadenas comerciales, por el abastecimiento mediante bolsas racionadas de comida y productos básicos que periódicamente entregan estos comités en los hogares de los ciudadanos que se inscriben en ellos. Los comités son conformados por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Herrera fue acusada ante los tribunales por haberle pedido (vía Facebook y en persona) a Mary Arrieche, su vecina y la responsable del CLAP de la Urbanización Nuestra Señora del Rosario, respuesta por los VEB$ 3.100 (cerca de USD$ 3) que le había entregado para que le dieran una bolsa con aceite vegetal, harina de maíz, leche y azúcar.
Herrera fue abordada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y acusada por “acoso psicológico, sometimiento al escarnio público, allanamiento de morada, escándalo en la vía pública y faltas de respeto a un miembro de los CLAP” (las itálicas son de PanAm Post).
Fue acusada por una funcionaria policial, adicionalmente, de “falta de respeto, conflictiva y chismosa”, luego de tener que recibir una larga charla sobre “la guerra económica” en Venezuela.
Aunque la denuncia fue pasada a Fiscalía, Maibel Herrera no tiene una copia de la misma. Tampoco se le ha dictado ninguna medida cautelar, pero tiene encima la amenaza de un mecanismo que fue revestido de autoridad por el decreto de Emergencia Económica que Maduro redactó en mayo y que aplica ilegalmente, pues fue rechazado por la Asamblea Nacional. El mandatario ha venido encontrando la manera de gobernar por decreto y obviar al Parlamento que le molesta.
Ese decreto señala que “el Ejecutivo podrá atribuir funciones de vigilancia y organización a los CLAP, a los consejos comunales y demás organizaciones de base del poder popular conjuntamente con la FANB, Policía Nacional y cuerpos de policía estatal y municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”. “Todo el poder para los CLAP”, llegó a decir Maduro, en una paráfrasis de la frase de Lenin de “Todo el poder para los Soviets”.
La diputada Dignora Hernández, que conoció el caso de Maibel Herrera por ser ella misma nacida en el estado Yaracuy, donde tiene a su familia, señala que “los CLAP son la versión venezolana de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba. Pero además son mucho más perversos, porque suman el control social en las zonas pobres del país con la necesidad y la falta de comida que están pasando los venezolanos”.
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Desde el año 2001, el Gobierno venezolano ha venido buscando mecanismos que le permitan el control social a través de grupos no oficiales y partidistas. Primero fueron los llamados Círculos Bolivarianos, que resultaron ser un fracaso. Más éxito han tenido en ciertas áreas del país con los llamados “Colectivos”, y posteriormente con las denominadas “Zonas de Paz”. Ambos mecanismos han tenido el problema de tener una línea muy difusa entre el control político y el delincuencial.
El laboratorio del hambre
La diputada señala que Yaracuy, un estado pequeño, agrícola y de población dispersa, ha sido el laboratorio de pruebas de todos los experimentos, invariablemente fallidos, del Gobierno de Nicolás Maduro para sustituir el mercado por mecanismos controlados de distribución de alimentos.
Hace un año y medio, en enero de 2015, en ese estado se implementó el primer decreto de prohibición de pernoctar en las afueras de los comercios para comprar alimentos. Un año después, se prohibió la venta a habitantes de otros municipios dentro de los locales de un municipio determinado. En febrero de 2016 se aplicó el primer decreto de venta “casa por casa” con lo cual, ese mismo mes, en una entrevista televisada, el Gobernador de Yaracuy, Julio León, afirmó que “ya no existen colas por comida en Yaracuy”. Y en abril fue el primer estado en poner en funcionamiento los CLAP.
“Ahora son los primeros en criminalizar cualquier conducta de protesta contra los CLAP (…). Ya, ante la escasez y la desesperación del pueblo, hay discriminación de a quién se le venden las bolsas por partido político”, indica Dignora Hernández.
“Esta [la de Herrera] es la muestra porque la muchacha se atrevió a hablar (…). Casos similares, tengo conocimiento, se han presentado de diversas maneras en caseríos de Yaracuy, donde hay criterios tan absurdos como el de una joven a la que no le distribuyeron su bolsa de comida porque su vecina la acusó de ‘gritar mucho’, pidiendo su bolsa cuando la responsable de administrar el CLAP de su zona pasaba frente a su casa”, afirma la diputada.
Indica Hernández que con la estructura de los CLAP, “que es muy parecida a la de los CDR, centralizada a todos los niveles, se busca controlar la vida privada de las personas a través del hambre. Son unos oportunistas del hambre (…) pero como no tienen un personal preparado ni una estructura humana para transmitir lo que ellos desean, como los CDR, desde la casa, desde pequeñitos (…) por lo tanto, sus competencias rebasan sus expectativas y las relaciones, sobre todo cuando la situación es tan crítica, terminan en grandes conflictos”, por lo que la diputada no descarta que puedan, en pocos días, generarse hechos de violencia por este reparto desordenado, y además arbitrario, de comida.
Muertos al nacer
Sin embargo, analistas de la vida venezolana se preguntan si ahora, luego de la aprobación de otro decreto presidencial (también ilegal, pues se aprueba bajo un estado de emergencia económica que no fue corroborado por la Asamblea Nacional venezolana), los CLAP han muerto sin haber nacido: Esta semana, Maduro le entregó a la Fuerza Armada Nacional la tarea de supervisar toda la economía, labor que delegó específicamente en su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino.
“Los CLAP lograron que el pueblo dejara de culpar a los comerciantes por la falta de comida y trasladara su furia a los consejos comunales psuvistas. Ahora, la ‘Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro’ trasladará esa furia a los militares, que no están precisamente en su momento de mayor popularidad. Jugada hábil de Maduro para compartir y diluir su responsabilidad en el desastre”, señala el alcalde de Chacao y vocero opositor Ramón Muchacho.
Lo cierto es que a apenas dos meses de creados, los CLAP se han visto sometidos a tanta presión que su coordinador, el exdiputado “chavista” Freddy Bernal, ha pedido “paciencia” y ha eliminado la expectativa inicial del chavismo de eliminar la venta de productos de la dieta básica de los supermercados.
Una paciencia que no parecen estar dispuestos a concederle los venezolanos, que en los primeros seis meses de 2016 han realizado 3.507 protestas (un promedio de 19 diarias) y 273 saqueos (más de uno por día). Según la estadística que lleva la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la cifra es 24 % superior a la del mismo período de 2014 y muestra un ritmo ascendente: junio ha sido el mes más conflictivo del año.
Uno de los saqueos que más resonancia tuvieron este año ocurrió justamente en Aroa, en Yaracuy, caso por el que 38 personas resultaron detenidas durante más de un mes. La mayoría de ellas ya han sido liberadas.