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Un país con violencia creciente, minado por la corrupción generada por el narcotráfico y con la amenaza latente de que las FARC y el ELN le invadan el territorio. Esta es Venezuela hoy, según la visión de Fermín Mármol García, abogado criminalista, miembro de la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática y la comisión técnica adscrita a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Mármol, una de las voces más autorizadas del país sobre el tema de seguridad, conversó con PanAm Post sobre julio, el mes que rompió récords de violencia en Venezuela, y cómo seguirá evolucionando, en su criterio, la situación de seguridad de uno de los países más violentos del mundo.
Solo en Caracas, la morgue registró el mes de julio 535 homicidios, una cifra récord. ¿Cómo observa la evolución del fenómeno de la violencia en Venezuela este año?
El crimen y la violencia, como fenómenos sociales, no se estancan en países como Venezuela; disminuyen o aumentan, y eso dependerá de las políticas públicas que se desarrollen. Aquí las políticas públicas contra el crimen y la violencia han sido desarticuladas, desacertadas o inexistentes. Esa es la razón por la cual Venezuela ha visto como el fenómeno ha ido en aumento. Cerramos 1999 con una cifra de 4.500 homicidios, y este año estaremos cercanos a 30 mil; terminamos el siglo XX cercanos a unos 60 secuestros anuales y tal vez terminemos 2016 con más de 3 mil.
Hemos tenido 16 ministros de Interior en 17 años, lo que habla de la poca continuidad, casi un ministro al año, desarrollando 24 planes de seguridad, más planes que ministros. En otros países se habla de planes de Estado para combatir la inseguridad, aquí ni siquiera hay planes de Gobierno; aquí hay planes de ministros. Y si a eso usted le suma que el gasto militar duplica el que se hace en seguridad ciudadana desde 2002, tenemos una cosecha muy negativa.
Justamente acaban de nombrar un nuevo ministro de Interior, que no curiosamente es militar, que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y al cual le encomiendan reforzar la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), otro de esos planes que están totalmente cuestionados…
De los 16 ministros del Interior en 17 años, 13 han sido militares, y los resultados no han sido positivos. Una de las cosas malas del plan OLP es que no está escrito, y así no se le puede hacer un seguimiento. Cualquier operativo exitoso que haga la policía o las fuerzas militares van a decir que fue dentro del marco de la OLP.
Lo que hemos visto en la práctica es que más que un plan es un formato de operativo policial. Un contingente de militares y policías toman una zona popular, se quedan seis u ocho horas para buscar criminales y luego se retiran y dejan abandonada nuevamente a la colectividad; y al hacer esto, la gente se siente defraudada.
Provea, una ONG de Derechos Humanos, habla de 240 ejecuciones en el marco de la OLP en un año. ¿No convierte esto al plan en cuestionable?
Siendo honestos, la ciudadanía está reclamando mano dura, mano justa, contra el crimen en Venezuela. En el país la criminalidad está dispuesta a batirse a tiros con las fuerzas policiales y militares. Además, en una lucha frontal contra el crimen y la violencia va a haber muchos caídos. Lo que se puede criticar es la falta de transparencia. ¿Por qué las fuerzas policiales y militares que van a hacer estos grandes operativos no los graban en vídeo en tiempo real, para proteger al propio funcionariado al que se acusa de excesos? ¿Por qué la Fiscalía no acompaña estos procesos como garante de la Ley?
El plan tampoco ha sido exitoso: si comparamos los primeros seis meses de 2015, cuando no existía, con estos primeros seis meses de 2016, los homicidios aumentaron al menos 12%, y el secuestro, 170%. Es decir, no se lograron las metas que presumimos perseguía la autoridad; y digo presumimos porque los objetivos del plan no están escritos en ninguna parte.
¿Qué peso tiene en su análisis el auge del narcotráfico en Venezuela?
Mucho. Veamos datos concatenados. Venezuela es uno de los 20 países que menos controlan el ingreso y egreso de la cocaína, según la Oficina contra las Drogas de la Organización de Naciones Unidas. Nos convertimos en un corredor de la cocaína. Ese corredor te lleva a ser el primer surtidor de cocaína a la Unión Europea por vía marítima; más de 50% de los cargamentos de droga tipo cocaína que llegan a la UE por vía marítima salen de Venezuela.
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El segundo dato es el de la corrupción. El índice de Transparencia Internacional ubica a Venezuela entre los 15 países más corruptos del planeta; eso tiene una relación con el tráfico de drogas, porque es una industria que tiene un altísimo poder corruptor.
El tercer dato es que la delincuencia en Venezuela tiene poder de fuego, fusiles, por ejemplo. No todos los fusiles son robados de los parques de armas de la Fuerza Armada; también se sabe que los cargamentos de cocaína vienen acompañados de fusiles para proteger la ruta de la droga.
Sin duda, el tráfico de drogas en Venezuela está carcomiendo las instituciones, la moral del funcionariado político y del sistema de seguridad ciudadana, y también hay una profunda lavadora que legitima dinero en Venezuela.
Y tener rotas las relaciones con la DEA, relaciones deterioradas con Europol, con Interpol, nos hacen estar en una posición muy desventajosa.
¿Es política de Gobierno la protección al narcotráfico en Venezuela?
No lo creo. Pero la revolución bolivariana jamás, en términos estratégicos, se ha planteado la seguridad ciudadana como una prioridad, ni en su discurso, ni en su presupuesto.
Lo que sí es cierto es que dentro del Gobierno se impulsaron estructuras delincuenciales; por ejemplo, los colectivos armados y violentos. O el Frente Bolivariano de Liberación, los “boliches” que fueron alentados por la revolución bolivariana. Ellos tienen que responder por este tipo de estructuras criminales que no conocíamos en el siglo XX, y también por las actuaciones de las FARC y el ELN en Venezuela, que han secuestrado venezolanos, por ejemplo.
Mucha gente teme, en Colombia y en Venezuela, que las FARC y el ELN muten en estructuras delincuenciales puras, luego de los acuerdos de paz, y se muden a Venezuela, como ya hicieron buena parte de las Autodefensas Unidas de Colombia la década pasada…
Es lógico suponer que vamos a tener una segunda oleada de estructuras criminales colombianas hacia Venezuela, como ya lo vivimos, y no tuvimos la fortaleza como nación para prepararnos. Primero vino el Plan Colombia, y luego el Plan de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y fuimos complacientes con estructuras como las FARC y el ELN; nos dejamos colar también estructuras como los paramilitares y las Bacrim colombianas.
Muchos criminólogos creemos que con estos acuerdos de paz habrá estructuras de las FARC que no van a ceder el control de la cocaína, que es una industria poderosísima, y que estarán dispuestos a ir a territorios con instituciones debilitadas, y pudieran tratar de asentarse en Venezuela.
Nosotros en la Mesa de la Unidad Democrática estamos evaluando estos temas constantemente, y también están escritas las líneas gruesas de cómo reducir la violencia en el país en futuras administraciones.
El Gobierno está cercando la morgue de Caracas. ¿Qué mensaje le envía eso a la ciudadanía?
Si es por ornamento, que obviamente no es por eso, la cerca con la concertina en la morgue de Bello Monte es espantosa; si el Gobierno quiere proteger a la morgue de la delincuencia, es otra pésima señal, porque ellos son los que tienen que protegernos a nosotros; si, finalmente, y como todos sabemos, el objetivo es cercenar el medio de comunicación, es lo mismo que está pasando con los temas de educación, salud, endeudamiento… Fue infeliz haber colocado esa espantosa cerca.
