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Venezuela: “Tribunal Supremo de Justicia contribuye al régimen autoritario de Nicolás Maduro”

Por: Pedro García Otero - Ago 29, 2016, 8:32 pm
Román Duque Corredor, uno de los abogados más prestigiosos de Venezuela, dice que el Tribunal Supremo de Justicia no es mediador, sino actor en el conflicto institucional que vive el país. (El Diario de Los Andes)
Román Duque Corredor, uno de los abogados más prestigiosos de Venezuela, dice que el Tribunal Supremo de Justicia no es mediador, sino actor en el conflicto institucional que vive el país. (El Diario de Los Andes)

Uno de los abogados más brillantes de Venezuela es Román Duque Corredor (Mérida, Venezuela, 1941). Profesor universitario y miembro de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) entre 1989 y 1992, hoy, ya jubilado de la actividad profesional, se desempeña como presidente de la Fundación Alberto Adriani. Ésta, con un grupo de otras fundaciones que incluye a Cedice-Libertad, está promoviendo el documento “Necesidad de un acuerdo nacional para el progreso y la paz en Venezuela”, que está siendo discutido con otras ONG y partidos políticos para el inminente cambio democrático que se avecina en el país suramericano.

Como jurista, Duque es muy crítico del actual Tribunal Supremo: señala que el TSJ “es un actor más del conflicto en Venezuela”. Y sobre su labor actual, indica el magistrado, en conversación con PanAm Post, que “el Estado se ha olvidado del modelo económico que la Constitución de 1999 y antes la de 1961 habían postulado para el país”.

¿Cómo pondera la crisis entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia?

Lo lamentable es que el árbitro se ha convertido en un actor del conflicto. En los países modernos, los Tribunales Constitucionales son árbitros, pero no llegan jamás a convertirse en actores del conflicto. Más que un conflicto entre poderes, lo que hay en Venezuela es un conflicto de todos los poderes contra el Poder Legislativo. En estos casos, un Tribunal Constitucional busca armonizar las discrepancias que pudieran existir.

Ha habido situaciones graves: no podría un Tribunal Electoral, una vez proclamado un diputado, desproclamarlo. La Constitución es clara en esto: sólo la Asamblea Nacional puede desincorporar a un diputado una vez que ha sido elegido y proclamado por el Poder Electoral. Hay otros aspectos preocupantes, como el del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que debe ser regulado por el propio Parlamento, y en ningún país un Tribunal Constitucional se atreve a dictar reglas sobre este tema.

Yo veo con mucha preocupación y éste es uno de los problemas que un acuerdo político tiene que superar: un nuevo poder judicial, la despolitización del Tribunal Supremo de Justicia, la idoneidad de los magistrados, y que no vuelva a ocurrir que por cambios políticos se designen magistrados que están comprometidos con una posición política.

¿Hay en la historia reciente ejemplos o comparaciones posibles para la posición del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de este tiempo?

En el Perú de Fujimori, éste intentó que el Tribunal Supremo se convirtiera en un instrumento de su régimen autoritario; los magistrados del Tribunal Constitucional de la época protestaron y fueron destituidos y sustituidos por un tribunal mucho más sumiso, que finalmente llevó a que la OEA tomara medidas y lograra el cambio político con la salida de Fujimori, y es de ahí de donde surge la Carta Democrática Interamericana. Es importante saber que la Carta Democrática surgió de un enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en Perú, y donde el gobierno de Fujimori trató de usar el resto de los poderes, concretamente el Judicial, para dominar el Legislativo y lograr cambios legislativos inconstitucionales para conseguir la reelección y la concentración del poder.

Lo lamentable es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en Venezuela esté contribuyendo al cambio de un régimen democrático en uno autoritario, al igual que en el Perú de Fujimori.

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, decía en días recientes que mientras Maduro no disuelva la Asamblea Nacional, no será un dictador. ¿Nulificar todas las decisiones del Parlamento no es, con disimulo, una manera de cerrarlo?

Cerrarlo es quizás una manera más sincera de un régimen no democrático. Hacerlo como aquí es una manera de disfrazar el autoritarismo. Aquí, a través de sentencias del Tribunal Constitucional, se trata, desde el punto de vista político, de arrebatarle a la Asamblea Nacional competencias para que no las pueda ejercer. Desde el punto de vista económico, ya el gobierno trata de asfixiarla; y es posible que si sigue considerando que las decisiones de los diputados constituyen subversión, termine abriéndoles juicios a estos diputados de la oposición.

¿Constituyen delitos algunas de estas prácticas del Tribunal Supremo de Justicia o del Ejecutivo contra la Asamblea Nacional?

La Constitución dice que el uso desviado de las partidas y la no aplicación de los recursos para los que fueron aprobadas constituye malversación. Es un delito de corrupción. Ahora, quién lo va a juzgar es otro tema. Cuando un presidente, para lograr un efecto político, corta la partida presupuestaria, comete delito, como ha ocurrido en Brasil; a la presidenta Dilma Rousseff se le está enjuiciando por manejos presupuestarios para favorecer a su partido. El esquema es igual, solo que a diferencia de Brasil, aquí no hay un Tribunal Supremo de Justicia que se ocupe de lo que le establece la Constitución, que es lograr el respeto de los principios constitucionales.

Mirado al revés: ¿hace bien la Asamblea Nacional en desacatar las sentencias del Tribunal Supremo?

La Constitución dice que los actos de los poderes públicos que violen los derechos y garantías constitucionales son nulos y carecen de efectos. En ese sentido tiene un respaldo: es lo que se llama la excepción de inconstitucionalidad como defensa legítima. Cuando una autoridad realiza una orden absurda, autoritaria y abusiva, el ciudadano y por supuesto otro poder público tienen la posibilidad de oponer la inconstitucionalidad de ese ejercicio.

Debo recordar que en 2012, la Asamblea Nacional, frente a una decisión que tomó la Sala Constitucional de desaplicar por vía de sentencia un artículo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, dictó un acuerdo declarando que la Sala Constitucional había usurpado las facultades del Parlamento, y declaró nula la sentencia, en base al artículo 25 de la Constitución. Es el mismo argumento que están utilizando hoy los directivos de la Asamblea.

El desacato es cuando alguien se niega a acatar una orden sin ninguna razón. Pero si hay argumentos de constitucionalidad y de legitimidad, o la usurpación de funciones, está por el contrario en la obligación de defender sus competencias.

La Sala Constitucional tiene 32 magistrados. Siete son de la Sala Constitucional. ¿Cuál debería ser la actitud de los otros 25 si no están de acuerdo con lo que ha pasado en el Tribunal Supremo?

El modelo que se adoptó en la Constitución, que divide en Salas el Tribunal Supremo de Justicia, establece una Sala Plena, pero sus competencias son tan limitadas que prácticamente su única función es enjuiciar al presidente, al ministro y a los diputados. A la Sala Constitucional se le dio la condición de “supersala”. En ese sentido, legalmente, frente a las decisiones de la Sala Constitucional con las que no estén de acuerdo, los restantes magistrados no podrían hacer nada. Pero desde el punto de vista institucional y político, magistrados como Blanca Mármol o Jorge Rossell, ya jubilados, declaraban sus criterios divergentes a decisiones que consideraban equivocadas.

Si hay magistrados que difieren del criterio de la Sala Constitucional bien podrían dejar constancia de eso, para que no se crea que en el Tribunal Supremo hay unanimidad en todas las decisiones.

¿Estas decisiones del Tribunal Supremo implican responsabilidades civiles, penales y administrativas para los magistrados que las están tomando?

Habría que ver caso por caso, pero en el caso de la Sala Electoral, que impidió a diputados ya elegidos incorporarse a sus cargos, sin permitirle a estos presentar sus alegatos, y contra un acto ya ejecutado, eso puede tener una responsabilidad tarde o temprano, porque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice que por errores u omisiones graves los magistrados pueden ser enjuiciados. Y estos errores u omisiones no tienen caducidad por lo importantes que son.

La necesidad de un acuerdo

¿El proyecto de País no se parece a un programa para los próximos gobiernos?

La sociedad ha tomado conciencia de que hay que promover proyectos de gobernabilidad, y ha habido varias organizaciones que han intervenido en el debate político. Alberto Adriani decía que los tiempos de crisis obligan a los acuerdos y a las propuestas ciudadanas. Entonces es importante que los ciudadanos asumamos el protagonismo para mantener la gobernabilidad.

¿Por qué el debate sobre las políticas económicas de un país sigue teniendo lugar en Venezuela, casi como único país del mundo? ¿Por qué parecemos no aprender de nuestros errores?

Porque en Venezuela se empezaron a ensayar fórmulas cada vez más estatistas, regulatorias, de concentración del poder económico en el gobierno, pensando que con esto se resolvían los problemas sociales. El debate terminó convirtiéndose en cuál era la fórmula estatista más efectiva, llegándose a situaciones radicales como las que vivimos hoy.

La Constitución de 1999 estableció una democracia económica mucho más participativa, con libertad de mercado. El Estado se ha olvidado del modelo económico que la Constitución de 1999 y antes la de 1961 habían postulado para el país.

El documento hace poco énfasis en la institucionalidad, a pesar de ser usted un hombre de leyes…

Los documentos de Agenda Ciudadana han hecho énfasis en que los cambios políticos deben hacerse a través de la vía constitucional, pacífica y democrática, por eso no es cierto, como podrían interpretar algunos analistas, que el acuerdo nacional presentado por la sociedad civil no toca el tema del referendo, porque el tema político inmediato está siendo debatido a nivel nacional y toma posiciones políticas muy claras.

Cuando las crisis económicas llegan a niveles como los de Venezuela, los políticos tienen que ponerse de acuerdo para lograr el cambio necesario de manera que la economía pueda progresar.

Uno de los grandes problemas es el abuso de las instituciones por parte de elementos de carácter político. Por eso, nosotros, entre los grandes desafíos, proponemos la reforma del poder político para superar el presidencialismo, el centralismo, reforzar el rol de las regiones, de los partidos políticos y la participación ciudadana, y por supuesto, la autonomía de la justicia, que están dentro de un conjunto de retos y desafíos que presentamos.

Se habla de un acuerdo nacional. ¿Ese acuerdo incluiría sectores del chavismo?

Para hacer propuestas nacionales no se puede partir de una exclusión. Tú no puedes convocar a quienes crean que modelos totalitarios como el cubano, el norcoreano o el chino son la solución. Nosotros nos estamos moviendo desde el plano del pluralismo, y si en ese pluralismo coinciden personas del chavismo, o que fueron chavistas, pues evidentemente estaremos llamándolos también.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.