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Ataques a la libertad de prensa en Venezuela no paran de aumentar

Por: Pedro García Otero - Sep 20, 2016, 2:39 pm
Periodistas protestaron por colocación de una valla en la morgue de Bello Monte, Caracas, en agosto. (@RCamachoVzla/La Patilla)
Periodistas protestan por colocación de valla en la morgue de Bello Monte, Caracas. (@RCamachoVzla/La Patilla)

Agresiones abiertas contra periodistas, ataques con excremento a medios de comunicación, robo de equipos a emisoras de radio y páginas web, decisiones judiciales que fomentan la censura… El arsenal con el que el Gobierno de Hugo Chávez, primero; y Nicolás Maduro, en estos casi cuatro años, han intimidado a la prensa independiente solo se ha incrementado durante los primeros siete meses de 2016, y en general, el ya sombrío panorama de la Libertad de Prensa en Venezuela se ha agravado en este año, según el informe Libertad de Expresión en deterioro, publicado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en su página web, y que adquiere mayor vigencia hoy, 20 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión de Pensamiento.

La ONG defensora de los derechos de los periodistas venezolanos, que viene reseñando desde hace años los abusos del “chavismo” contra periodistas y medios, contabilizó 546 violaciones a la libertad de expresión (dos y media diarias) en 233 casos (más de uno diario) durante los siete primeros meses del año.

Comprendiendo los ataques como: “agresiones y amenazas contra periodistas, ataques a sedes de medios de comunicación, limitaciones a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad de grupos, detenciones arbitrarias por los cuerpos de seguridad, interrogatorios y seguimientos con fines intimidatorios, decisiones judiciales que derivan en censura, amenazas y acciones de tipo legal, declaraciones agraviantes de autoridades públicas, cierre de impresos, disminución y suspensión de ediciones por escasez de papel periódico y agresiones en el entorno digital”.

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En este ambiente, la prohibición de ingreso al país del Gobierno de Maduro a corresponsales de la prensa extranjera, a finales de agosto, para impedirles cubrir la manifestación opositora del 1 de septiembre (no contabilizada en el informe, cuyo alcance es hasta el 31 de julio) no es más grave que, por ejemplo, la revocación de la medida de arresto domiciliario que pesaba sobre el propietario del semanario 6to Poder, Leocenis García, y su traslado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, sin que mediara ninguna razón judicial para la suspensión del beneficio que tenía, como han destacado los abogados del editor; o, por ejemplo, los robos de equipos de televisoras y radios registrados durante las protestas por comida en el centro de Caracas en el mes de junio.

Adicionalmente, tres periodistas fueron obligados a declarar en la sede del Sebin, la tenebrosa policía política del chavismo, incluyendo el periodista Román Camacho, del portal web Efecto Cocuyo, por haber conseguido el video de un confuso incidente en el que un hombre fue baleado en el interior del Banco Central de Venezuela, luego de acudir al sitio a supuestamente cometer un atentado. “Tienes que venir a juro, porque si no puede ser peor para ti”, le advirtieron desde la policía política.

En general, señala IPYS, estamos “ante un escenario en el que los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado forman parte de las restricciones que pesan sobre el periodismo venezolano, puesto que en los 25 casos registrados en el mes de julio, 22 (88 %) se encuentran vinculados a victimarios estatales.

La culpa es del mensajero

El informe del IPYS rescata protestas de los propios periodistas por la restricción a sus fuentes de información, como la registrada el 3 de agosto en la morgue de Bello Monte, en la capital, Caracas (que sin embargo, por no estar dentro del período evaluado se encuentra fuera del registro). Ese día, los reporteros que cubren la fuente de Sucesos organizaron una protesta porque se colocó una valla metálica que les impide hacer su trabajo: Según la muy particular visión de la vida que tiene el Gobierno de Nicolás Maduro, el problema no es que la capital venezolana sea la más violenta del mundo, y la segunda ciudad más violenta sobre la Tierra: El problema es que la ciudadanía se entere de ello.

Cada quién da lo mejor de sí

En los primeros siete meses del año se registraron, adicionalmente, nueve ataques a los medios de comunicación; de ellos, cuatro se registraron en junio, y fueron reivindicados por un “colectivo” (grupo paramilitar afecto al chavismo), a los diarios El Nacional, de Caracas, El Aragüeño, del estado Aragua, a 100 km. de la capital, y Correo del Caroní, de Ciudad Guayana, estado Bolívar, al suroriente del país; además de la emisora radial Rumba 98 FM, del mismo estado.

Aparte de El Aragüeño, al que le lanzaron una granada (que afortunadamente no detonó), a los otros dos diarios y la radio les hicieron un ataque con una sustancia muy particular: Excremento humano. Imagina uno, como periodista, que cada quién da de sí lo que puede dar, y en el caso del colectivo “Chama” (autor de los ataques) eso es lo que hay.

El director del “Correo”, David Natera Febres, fue objeto de una condena judicial por difamación, impidiéndole, además, que su periódico cubriera hechos de corrupción relacionados con la estatal Ferrominera del Orinoco, ubicada en la ciudad donde funciona su diario. El demandante es Yamil Mustafá, director de otro diario de la misma ciudad, llamado Primicia, y contratista de esa industria estatal.

La sentencia, que debía ser difundida en un lapso de 10 días hábiles (fue impuesta en mayo) aún no se conoce.

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Los medios impresos son los mayores blancos de ataques a la Libertad de Expresión en Venezuela en estos siete meses, con 164; seguidos por los medios digitales, con 93, la TV, con 47 ataques, y la radio, con 46.

Censura disfrazada de hampa

El IPYS destaca que en el caso de estas últimas (las estaciones de radio) parece estar cobrando vigencia una nueva modalidad de censura: la que se disfraza como robo cometido por el hampa común. Cuatro emisoras con sede en La Victoria, Aragua, salieron del aire el mismo día, 15 de julio, luego de que fueran víctimas del robo de equipos de transmisión y equipos de telecomunicaciones.

La censura también ha sido encubierta por la actividad delictiva en el caso de los robos de equipos registrados en mayo por el periodista Deivis Ramírez, de El Universal, y el equipo reporteril de la televisora web Vivo Play, en junio, durante protestas por falta de comida muy cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Ramírez reportó que fue el propio jefe de Gobierno del Distrito Capital, el chavista Daniel Aponte, quien le robó el equipo celular con el que intentaba cubrir con audio y video los hechos; mientras en el caso de Vivo Play, hay testimonio gráfico y en video sobre un trabajador de ese mismo despacho perpetrando un robo al equipo reporteril de la televisora web. Solo en ese día y en esa protesta se registraron 14 agresiones a periodistas.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.