Qué nadie se asuste: ciertamente, la publicación de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el miércoles 29 de marzo en la noche, es el establecimiento formal de la dictadura en Venezuela.
Junto a su “gemela”, la sentencia 155, publicada el martes, la Sala Constitucional dirigida por Maikel Moreno (quien se atreve a hacer cosas a las que ni siquiera se atrevía su antecesora, Gladys Gutiérrez) no solo permiten a Maduro asumir competencias legislativas y judiciales: Borran, de un plumazo, a la Asamblea Nacional elegida por 14 millones de venezolanos. Entre esto y meterle los tanques, como le hizo Alberto Fujimori al parlamento peruano en 1992, la diferencia es solo de estilo.
El fondo del asunto, sin embargo, es el mismo: Ante un poder que le es incómodo, Maduro, como Fujimori, lo inhabilita.
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Alguien me acotaba que tras dar un golpe de Estado como el que dio el TSJ, “el chino” aún gobernó a su país durante siete años con puño de hierro. Pero hay montones de diferencias: Fujimori dio un golpe de Estado en el momento culmen de su popularidad; la antipolítica campeaba en la región (de hecho, Venezuela fue el único país que condenó la disolución del Congreso, y los golpistas venezolanos de 1992, con Hugo Chávez a la cabeza, adulaban a Fujimori); sus políticas económicas habían sacado a Perú de la noche negra de los 80 y ya comenzaban a dar resultados. Para más, la lucha contra Sendero Luminoso tenía éxito y los peruanos se veían por primera vez en una década aliviados de la amenaza terrorista.
Por supuesto, nada semejante se puede decir de Maduro, que ha hundido a Venezuela en la hambruna; que depende de los empréstitos externos para sobrevivir; y que tiene a los ciudadanos aterrorizados entre la delincuencia común y la promovida por el chavismo, la de los llamados “colectivos”. Dos violencias que muchas veces son la misma.
Pero las sentencias 155 y 156 no fortalecen a Maduro. No lo atornillan en su puesto. No significan que va a poder gobernar sin contrapesos. Todo lo contrario. Las sentencias 155 y 156 lo terminan de desnudar ante el mundo. Muestran a un mandatario parapetado detrás de un tribunal supremo (las minúsculas son intencionales; no merece ser tratado con respeto), y de un grupo de militares que pretenden seguir saqueando al país.
En lo financiero
La sentencia 156, en concreto, es digna de ser evaluada, porque responde a la “solicitud” de alguien de evaluar si Maduro puede otorgar contratos petroleros o solicitar empréstitos sin pasar por la Asamblea Nacional.
Por supuesto, es una muestra de desesperación: El régimen está presionando, fuerte, a la Corporación Andina de Fomento, CAF, de la cual es la principal accionista, para que le preste USD $500 millones. El organismo, que tiene calificación de riesgo AAA, por supuesto, se resiste; la sentencia 156 es un intento, demasiado torpe, de ponerle una hoja de parra a la solicitud y tratar de torcerle el brazo a la CAF. Igualmente, desde Rusia hasta China, Venezuela ha visto su crédito limitado, incluso a tasas de agiotista. Nadie quiere verse envuelto en un crédito que en un plazo tan corto como un año podría verse denunciado, y con buenas razones, para perderlo.
En lo externo
Vayamos al escenario internacional: Con sabotaje del embajador alterno de Venezuela ante la OEA, el insoportable Samuel Moncada, el régimen de Maduro logró la suspensión de la sesión en la que se discutiría si el país merece que se le aplique la Carta Democrática. Apenas hace minutos, Luis Almagro, secretario general de la OEA, convoca a una nueva sesión, esta vez de urgencia; Perú, en un gesto de Pedro Pablo Kuczynski que honra el que Carlos Andrés Pérez tuvo con el sistema político inca en 1992, denuncia la ruptura del orden constitucional en Venezuela.
Aún si Maduro logra esquivar la Carta Democrática, está claro que los 14 países más importantes de la región, salvo Ecuador (y eso puede cambiar este domingo) miran con lupa lo que sucede en Venezuela.
Al interior
Ahora entremos a la situación interna. El aparente amodorramiento que tiene la oposición venezolana, acicateada por las sentencias 155 y 156, puede cambiar en los próximos días. La situación militar es una incógnita, pero claramente, estas decisiones pueden motivar a cualquier grupo de salvadores de la Patria (ojalá que no, advierto) a un pronunciamiento. La situación social es explosiva; si el Gobierno no logra juntar los USD $3.600 millones que requiere para pagar sus deudas en abril (y las señales son de que se le está volviendo muy cuesta arriba conseguirlo) los tiempos pintan muy mal para Maduro.
El único sostén del chavismo son los controles sobre las instituciones, y el haber convertido al país en un cadáver del que casi todo el mundo quiere huir. Pero Maduro sabe que no puede hacer nunca más una elección; sabe que una segunda derrota, por paliza, no solo está cantada, sino que lo hundiría incluso entre sus propios partidarios.
Las sentencias de Maikel Moreno no constituyen ni siquiera un parapeto para tratar de darle legalidad a una dictadura, ni interna ni externamente. Por cierto, este sería un buen momento para que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, decida si quiere preservar la legalidad, como su entorno afirma, o si quiere convertirse en la primera presa del poschavismo, como la exfiscal general del Perú lo fue del fujimorismo.
El régimen de Maduro se encuentra postrado, incapaz de resolver un solo problema. Ya se conjuga en pasado.
Eso sí, está armado hasta el extremo, y desesperado, porque sabe que la cárcel los espera. Pero como dijo alguna vez Napoleón, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Que lo diga Fujimori, anciano y preso para el resto de sus días.
Así que los próximos días van a ser muy interesantes.