EnglishLas pandillas de El Salvador han sido un problema recurrente. Tanto la Mara Salvatrucha (M-S13) como Barrio 18 han ocasionado innumerables sufrimientos a los salvadoreños; recientemente, y exigiendo a cambio diversas retribuciones, estos grupos delincuenciales aseguraron que disminuirían los homicidios, aunque esto no se ha visto reflejado en las estadísticas de criminalidad. Por otro lado, el Gobierno sugirió que podría ofrecer apoyo a aquellos que decidan abandonar el crimen y buscar la reinserción.
En los últimos años, la violencia en el país centroamericano ha ido en alza. De acuerdo con un trabajo publicado por la Universidad Luterana Salvadoreña, 63.1% de la población considera que el mayor problema que enfrenta es la violencia social, principalmente la ocasionada por las pandillas.
Ahora se teme que la situación empeore: aunque las pandillas ofrecieron recientemente un diálogo de paz para analizar la posible reducción de homicidios cometidos en el país, el viernes el Gobierno salvadoreño aseguró que esta guerra se ganará “por la fuerza“.
Marzo fue históricamente uno de los meses más violentos en el país centroamericano, y luego del traslado de 31 cabecillas de “clicas“, tanto de la MS-13 como de Barrio 18, a la prisión de Zacatecoluca, conocida popularmente como Zacatraz, fuentes citadas por Elsalvador.com aseguran que podría existir un acuerdo entre ambos grupos para iniciar un plan de ataque y combatir las estrategias que tiene el Estado para reducir los índices de homicidios, aunque ambas pandillas emitieron un comunicado —fechado el 20 de abril— en el que reflejaron sus intenciones de disminuir los homicidios y extorsiones en el país.
El vicepresidente del país, Óscar Ortiz, dijo durante un evento oficial el pasado viernes que “a la violencia hay que derrotarla y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a golpear a la extorsión, vamos a golpear al crimen organizado, vamos a aislar a los criminales que están en el sistema penitenciario”. Esto como muestra de rechazo a las propuestas de los pandilleros, quienes incluso ofrecieron no hacer uso del “derecho de defensa propia”.
Una Ley para quienes deseen abandonar la pandilla
Pero el Gobierno, además de prometer una batalla frontal contra las maras, también se planteó la posibilidad de un proyecto de reinserción. El mismo estaría diseñado para quienes “manifiesten o expresen voluntad de retirarse y rehabilitarse”.
Este ha sido gestado a través del comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Hato Hasbún, que apoyaría a los exmiembros de estos grupos a acceder a educación por medio de becas, así como trabajos y la opción de financiamiento para crear microempresas.
Quienes tomaran este plan, tendrían que firmar un documento que establece un compromiso para abandonar las actividades delincuenciales. Asimismo, permitirían que se obtenga información, tal como su dirección de vivienda y huellas dactilares, con el fin de probar la intención de buscar una vida diferente. Aquellos que no cumplan con los requisitos, serían expulsados del plan.
Para que esto sea posible, Hasbún emitió al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia la propuesta del anteproyecto de la Ley de Reinserción de Miembros de Pandillas y de Prevención para Personas en Riesgo, la cual se encontraba “engavetada” en el Ejecutivo.
Datos aterradores
Autoridades salvadoreñas han informado que entre 1 de enero y el 5 de abril de 2015, las maras han provocado 1.194 muertes. Una cifra, por demás, alarmante; en enero de este año, la revista InSight Crime nombró al país “el más violento del planeta”.
Un informe presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, con sede en México, indica que El Salvador ocupa el lugar número 13 entre los países más violentos del mundo, con una tasa de 61,21 homicidios por cada 100.000 habitantes. En dicho reporte aparecen otros países centroamericanos, como Guatemala, que ocupa la posición número 25 con 44,90 por cada 100.000 habitantes; y Honduras, en el primer puesto, con 171,2o asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal de El Salvador reflejan además, que el promedio de asesinatos perpetrados con armas de fuego ha alcanzado una cifra de 15,5 diarios. Solamente en marzo se registraron 482 muertes violentas.
Editado por Pedro García Otero