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EnglishEn los últimos meses, el Gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala se ha enfrentado a una de las crisis más difíciles de toda su gestión. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han destapado dos escándalos de corrupción. Entre renuncias de funcionarios y manifestaciones ciudadanas, la situación de la actual administración cada vez se complica más.
En pleno año electoral, quizás ningún miembro del Gobierno se hubiera imaginado vivir un levantamiento ciudadano tan grande, ni un resurgir de la crisis política en Guatemala.
El lunes, el secretario de la Presidencia, Gustavo Martínez, renunció al cargo que ocupaba desde 2012. Dijo que su acción correspondía a “presión mediática” y, como el resto de funcionarios, afirmó además que esto ayudaría a Pérez Molina; unas semanas atrás, en una entrevista realizada por la cadena de televisión CNN, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirmó algo muy parecido cuando se le preguntó por qué dejaba la cartera que dirigía: “Como es usual en muchos lugares, cuando los gabinetes se encuentran en crisis, hacer reajustes puede generar precisamente alguna forma de manejar la crisis”.
El Ejecutivo ha tenido otras bajas. Primero fue la exvicepresidenta Roxana Baldetti; ella insistió que su dimisión se debía a una decisión personal y no a la presión que ejercieron miles de guatemaltecos, que indignados salieron a manifestar desde el 25 de abril exigiendo su renuncia. Le siguieron el exministro de Energía y Minas, Erick Archila y, el mismo día que López Bonilla, fue destituida la exministra de Medio Ambiente, Michel Martínez.
Pero lejos de “estabilizar”, como dijo López Bonilla, las manifestaciones ciudadanas se han mantenido constantes. Ahora éstas piden reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que los juicios contra corrupción se lleven de forma adecuada y la renuncia del presidente, entre otras demandas.
Asimismo, en días recientes, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) exigió que Pérez Molina deje el cargo. La gremial, a través de un comunicado, señaló que el mandatario es uno de los responsables directos de la crisis que actualmente vive el país. Esta misma solicituad se ha replicado en diferentes sectores.
Presidente demandado entre escándalos
El domingo, tres organizaciones civiles presentaron una demanda contra el presidente, pues podría estar vinculado al caso de corrupción en el Seguro Social.
Cadenas por la Libertad, Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala fueron los grupos que acudieron a un juzgado de Paz para solicitar que se investigue a Otto Pérez Molina por la adjudicación de contratos anómalos por más de 116 millones de quetzales (unos US$15 millones) a la empresa mexicana Pisa.
El contrato supuestamente fraudulento, que fue avalado por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social (IGSS), era para que Pisa brindara tratamiento de diálisis peritoneal a enfermos renales. Trece de los pacientes atendidos fallecieron por malas prácticas.
La investigación del caso llamado “IGSS-Pisa” se debió a que los pacientes denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) mala atención médica y baja calidad de medicamentos. Luego, durante la segunda semana de mayo, familiares de los fallecidos y la organización Acción Ciudadana se dirigieron al Ministerio Público para colocar una denuncia por homicidio culposo, fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Así, se detuvo a 17 personas, entre ellos el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez; el presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Seguro Social, Julio Roberto Suárez Guerra; y Otto Molina Stalling, hijo de la juez Blanca Stalling, y quien laboró en el área financiera de dicha institución.
Para lograr el encarcelamiento de los implicados, el MP y la Cicig presentaron varias escuchas telefónicas en las cuales se evidencia que hubo presión para otorgar el contrato a la compañía mexicana.
