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Linchamientos, azotes y destierros: la justicia de la calle en Guatemala

Por: Pep Balcárcel - @PepBal - Jun 8, 2015, 12:09 pm
Los linchamientos en Guatemala son impulsados por la falta de respuestas de las autoridades a la inseguridad (Noticias 24)
Los linchamientos en Guatemala son impulsados por la falta de respuestas de las autoridades a la inseguridad (Globedia)

EnglishLos vecinos de Río Bravo, en el departamento de Suchitepéquez, en Guatemala, aseguraron que era hija de un “marero que está en la cárcel”; ellos dijeron que su padre, y la pandilla a la que pertenecía, habían ordenado el asesinato de Carlos Enrique González Noriega, un mototaxista de 68 años que se negó a pagar la extorsión que le exigían; ella tenía 16 años.

Los pobladores dijeron que ella, junto con otros dos hombres, se subieron al vehículo de González y le dispararon. Los supuestos cómplices huyeron por las calles, mientras que la menor se dirigió por la vía central. Allí fue detenida por el grupo que comenzó a golpearla.

Sin derecho a defenderse, fue apaleada brutalmente. Una persona decidió grabar el hecho. Cayó varias veces al piso y luego comenzaron a rociarla con gasolina. La quemaron viva.

Nada pudo hacer la Policía Nacional Civil (PNC) del lugar. Inocente o no, ella yacía allí; para los pobladores de Río Bravo era la hija de un delincuente que mandó a matar al mototaxista para cobrar venganza. Días después, el 29 de mayo, fue asesinada Catarina Mariflor González Pérez, de 47 años, por una turba en San Luis, Tacaná, San Marcos. En este caso, se dijo que practicaba brujería. A la justicia de la calle le pareció suficiente razón para condenarla a golpes.

Por la ausencia de resultados

La ausencia de respuesta de las autoridades a la inseguridad ha impulsado la justicia de la calle en Guatemala. Bajo la premisa de lograr espacios más seguros, hay grupos que se organizan y en ocasiones causan la violencia que dicen evitar. Según datos de la PNC, entre enero de 2012 y mayo de 2015, al menos 84 personas han muerto en linchamientos. Los departamentos donde más se registran estos casos son Huehuetenango, Guatemala y Alta Verapaz.

Desde 1996, año en que fueron firmados los Acuerdos de Paz en Guatemala, se conformaron las Juntas Locales de Seguridad; estas tenían el objetivo de apoyar a la recién fundada PNC y fortalecerla. Pero, además, se han establecido otros grupos que operan, en ocasiones, de forma ilegal. De acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Guatemala ocupa el puesto número 25 entre los países más violentos del mundo. Tiene una tasa de 44,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las dos menores linchadas fueron acusadas de disparar contra conductores de mototaxis. Foto: PanAm Post.
En Río Bravo, una menor linchada fue acusada de disparar contra conductor de mototaxi. (Pep Balcárcel)

Mario Polanco, presidente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dijo a PanAm Post que los linchamientos se producen “por descontento y frustración social, por el incremento en casos de impunidad; no existe un dato oficial pero creo que el nivel de efectividad en investigación penal del país estará entre 2% y 10% (…) “en año electoral sube el número de linchamientos. Esto para generar la sensación que, quien está gobernando no hace bien su trabajo, y que de llegar a ganar X o Y candidato, éste mejorará la seguridad y el fortalecimiento institucional”.

Solamente en 2015 —las elecciones generales se llevarán a cabo en septiembre—, diez personas han muerto a causa de linchamientos.

Sin derecho a un juicio

Uno de los casos más impactantes fue el de Bedelyn Oroz, una adolescente de 14 años que —al igual que en el caso de Río Bravo— fue acusada de disparar a un conductor de un mototaxi. También fue vapuleada y luego le prendieron fuego. Este asesinato, además, causó polémica debido a que el periódico Nuestro Diario publicó una fotografía del momento en que la chica corría con fuego en el cuerpo. Ella, según detalló la PNC, no fue quien disparó contra el conductor. Pero nadie le dio siquiera la oportunidad de defenderse ni de proclamar su inocencia.

La abuela de Bedelyn habló con el medio digital Nómada y dijo: “Es triste, es horrible, horrible ver cómo la sacaron en la prensa, en llamas, saber que la habían arrastrado del pelo, y que toda la gente pedía que la quemaran. Qué maldad”.

De acuerdo con Polanco, “depende de la comunidad, en algunas ocasiones se hace una especie de juicio popular. Pero la mayoría de veces ni siquiera preguntan. Solo es necesario el señalamiento para declarar la pena de muerte”.

La Policía difícilmente puede actuar, por el mismo descontento de la población y la falta de confianza hacia las instituciones gubernamentales.

Grupos que operan en la ilegalidad

Muchas de las Juntas de Seguridad Local actúan fuera del marco de la ley y cometen diversos abusos. Asimismo, aunque se concibieron con el objetivo de brindar apoyo a la PNC, gran parte de estas corresponden a otro tipo de intereses.

De acuerdo con una investigación del Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (Intrapaz), los casos más significativos se han dado en los departamentos de Guatemala, Quiché, Chimaltenango, Sololá y Huehuetenango. Asimismo, el trabajo refiere que gran parte de estos —su conformación— está vinculada a exmilitares, excomisionados militares y expatrulleros civiles.

Erwin Maaz, consultor de una organización de Quiché, dijo que en muchas ocasiones la población calla estos casos por temor a represalias. En contraste, Polanco afirmó: “Muchos de los que participan en los linchamientos son obligados a tomar parte en estos”.

Por otro lado, muchos de los comités de seguridad fueron conformados en departamentos golpeados fuertemente durante el Conflicto Armado Interno por lo que, para muchos pobladores, encargarse ellos mismos de su seguridad resultó en una necesidad. No obstante, entre 2007 y 2008 las acciones de estos grupos comenzaron a ser cuestionadas. Su trabajo se realizaba fuera del marco de la ley e inclusive se les ha vinculado a tráfico de drogas.

Entre 2011 y 2012, por ejemplo, la Comisión de Seguridad de Panajachel llegó a amenazar a una periodista. A esa organización, apoyada por el alcalde de la localidad en aquella época, Gerardo Higueros. y que comenzó a patrullar por las noches, se le llamó los encapuchados, pues muchos de sus integrantes se cubrían los rostros. Y pronto comenzaron los excesos.

El grupo operaba con impunidad, hasta que el Ministerio Público (MP), luego de más de diez casos denunciados, logró detener a los dirigentes de la comisión, Juan Manuel Ralón y Víctor Anleu. Se les vinculó principalmente a la desaparición de Luis Tian, de 24 años, a quien acusaron de ser pandillero. Fueron detenidos en 2011 y condenados a 17 años de prisión en agosto de 2012.

Sensibilizar a la población para detener los linchamientos

Maaz afirma que en el departamento de Quiché, lugar donde aún se mantienen fuertes cicatrices del conflicto armado que vivió Guatemala, han disminuido los casos de linchamientos. “Esto a través de varios esfuerzos por medio de la Comisión de Atención a la Conflictividad y Seguridad Social. Ellos, con otras instancias, han coordinado para realizar procesos de sensibilización y que estos casos disminuyan”.

Muchos pobladores de Quiché temen los vínculos que pueden tener los comités de seguridad. Foto: PanAm Post.
Muchos pobladores de Quiché temen los vínculos que pueden tener los comités de seguridad. (Pep Balcárcel)

Maaz confirma que aún existen castigos en este departamento. “En la mayoría de comunidades hay mucha organización e incluso pueden proceder a retener a una persona”. Un crimen que merece castigo puede incluso ser el hurto de una gallina.

Muchos de los comités y juntas de seguridad (muchos de los cuales surgen del modelo de las Patrullas de Autodefensa Civil), aunque han dejado atrás los linchamientos, continúan aplicando castigos físicos, como los azotes.

Para los pobladores de Quiché, su mayor preocupación es los vínculos que pueden tener estos grupos con organizaciones de narcotráfico debido a que se trata de una zona de trasiego.

Maaz asegura que en Quiché “hay un proceso para evidenciar que se cometió un acto delictivo, los acusados son juzgados en público y muchas veces ellos aceptan los azotes. A lo más que han llegado es al destierro”.

Pep Balcárcel

Pep Balcárcel es estudiante de Letras en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y pasante en el PanAm Post. Ha colaborado en medios guatemaltecos y tiene publicados varios libros de cuento y poesía. Síguelo @PepBal.