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Todos los gobiernos autoritarios, sin excepción alguna, desarmaron a sus ciudadanos. La excusa siempre fue la misma – la seguridad de la población – y tan vehementes fueron los defensores del desarme forzado que muchos, en su ingenuidad y buena intención, creyeron que era lo mejor.
Imagínese usted que vive en un país con desastrosos niveles de inseguridad. Imagínese también que ese país es gobernado por exterroristas de Estado politizados con el pasar de las décadas – y de la memoria. Imagine que éstos le exigen que usted renuncie a toda posibilidad de defensa propia. Si usted es de poca imaginación, o si simplemente cree que esto es imposible, piense directamente en Uruguay.
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Rige desde principios de diciembre un decreto presidencial (colocar aquí el sonido onomatopéyico de la tos) cuyo objetivo es el desarme de la población. Tal ha sido el estupor que causó el mismo, que será impugnado a la brevedad por el Club Uruguayo de Tiro, la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, la Cámara Importadora de Armas y Municiones y también por cazadores y armerías.
El constitucionalista Martín Risso, quien representa a las asociaciones anteriormente nombradas, afirmó para el diario El País que el decreto firmado por el vicepresidente Raúl Sendic y el ministro del Interior Eduardo Bonomi (el presidente Tabaré Vázquez se encuentra de gira en Europa) “lesiona los derechos vigentes de los tenedores de armas”.
Pero las lesiones trascienden a quienes ya posean armas. El decreto desgarra el derecho del ciudadano de a pie – ese que tan desprotegido está en Uruguay- a defenderse.
Los comerciantes, que ante la ola de robos, rapiñas y asesinatos de los últimos diez años suelen poseer armas, se verán fuertemente afectados.
Así lo entiende también Julio César Lestido, secretario de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, que sentenció en entrevista con el mismo diario que “es un decreto bastante complejo en sí mismo, que afecta al universo de las armas y no solo al coleccionista o al simple tenedor, y castiga muy fuerte al comerciante que puede replantearse si sigue en el negocio porque limita a las personas a tener un máximo de tres armas”.
El Ejecutivo pareciera no saber que lo segundo que un ladrón roba en un comercio, después del dinero, son las armas. Según el actual decreto, como el tenedor ya figura como poseedor de tres armas, no podrá comprar otras.
Por otro lado, el derecho de propiedad se ve vulnerado, ya que los tipos de armas que sí están permitidos, son limitadísimos. “Eso afecta el derecho de propiedad porque algo que podría tener, a partir de este decreto no lo puedo tener” continúa Lestido, quien agregó “según nos asesoran médicos, si esto se aplicara en estricto sentido, prácticamente ninguna persona de más de 40 años podría llegar a cumplir con lo allí establecido (…) Si soy daltónico ¿por qué no puedo tener un arma? Tampoco puede un sordo ¿qué tiene que ver si lo primero que le hacen a una persona en un polígono es ponerle tapa oídos?”.
No es el primer intento de desarme civil en Uruguay. Ya en el 2013 el programa “Armas para la Vida” proponía intercambiar un arma por una bicicleta o Ceibalita (computadora portátil escolar). El mismo nunca se llevó a cabo.
Es conveniente, reitero, creer que estas medidas se toman por el bien ciudadano. Pero el delincuente es delincuente, y al delincuente poco le importa quebrar las leyes. No comenzará ahora por respeto a Vázquez a declarar cuánto tenga en su arsenal. Este decreto afecta solamente al ciudadano de bien, al trabajador, al que no aspira a hacer nada “por debajo de la mesa”.
Esta medida pone nuevamente en evidencia, por otro lado, cuán incompetente es el Frente Amplio. Como no quiere o no puede aplicar lo que denomina “mano dura”, subyuga al país todo a una ley tiránica y por demás sospechosa.
Incluso el difunto ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro (también tupamaro en otrora) reconoció que “la izquierda hizo punta en eso de armar a la población para defenderse del fascismo”, y que “la población debe armarse para defenderse de su gobierno, incluso de un gobierno de izquierda” y admitió que en 2015 hubo un “alud de personas que fueron a registrar armas”.
La tenencia de armas es un legítimo derecho legítimo a la defensa, a la propiedad y a la libertad misma. Uruguay está tomando cuanta medida puede – y mediante decretos – para alejarse de la libertad. Vamos mal. *
*En oposición al slogan frenteamplista “vamos bien”.
