English Version
Sólo dieciséis farmacias se unieron a la aventura de vender marihuana estatal en Uruguay el pasado miércoles 19 de junio. Hubo largas filas en prácticamente todas las droguerías en cuestión: por momentos, la compra fue tal que el sistema colapsó. Evidentemente, en Uruguay no ocurre un fenómeno similar ante el lanzamiento de un libro.
Soy todo menos una moralista. Y soy, por sobre todas las cosas, liberal. Como tal, creo primeramente en la libertad de las personas para consumir todo aquello que les parezca pertinente: desde sal, azúcar y transgénicos hasta alcohol y estupefacientes. Esta libertad es inalienable en cualquier individuo adulto, sin niñeras mediante.
Creo asimismo, en una igualmente importante instancia, que la regularización (también de cualquier producto) es siempre perjudicial a la libertad individual y, en muchas ocasiones, causa daños irreparables a la sociedad toda.
- Lea más: Marihuana estatal en Uruguay se agota en primer día de venta
- Lea más: Uruguay: marihuana estatal no tendrá efectos psicoactivos según experto
Estas dos creencias se traducen en una sola conclusión posible: la legalización de la marihuana (y de todas las drogas) es algo deseable. La guerra contra las drogas fracasó a nivel mundial; mientras que, por otro lado, los narcotraficantes, los narcopolíticos, los narcogobiernos y los narconegocios ganaron, se establecieron, se enriquecieron y crearon imperios sobre pilares de violencia, muerte, marginalidad, corrupción, poder e impunidad.
La prohibición de las drogas (al igual que la prohibición del alcohol en su momento) sólo ha hecho florecer mafias y mercados negros, fortaleciendo al narcotraficante y destruyendo paralelamente a comunidades enteras en las que miles de inocentes han pagado con sus vidas el precio de una guerra mezquina y caprichosa —como todas.
¿Y qué pasa con los consumidores? A pesar de los esfuerzos, según las Naciones Unidas, el consumo de estupefacientes se ha mantenido estable, con la excepción de la heroína… cuyo uso (y abuso) ha ido en aumento.
En resumen, los narcotraficantes son más poderosos y ricos, el consumo no baja y el costo de la guerra contra las drogas continúa vaciando los bolsillos de los ciudadanos.
A pesar de lo previamente explicado, la ley 19.172 (o “ley Mujica”) es una ley mala, que hace agua por todos lados.
Hay muchos uruguayos en este momento que, con orgullo infinito, sostienen estar siguiendo las tradiciones liberales que el país oriental comenzó a forjar desde prácticamente su creación (y que tan prontamente fueron olvidadas).
Sin embargo, pocas leyes son tan poco liberales como ésta. En su segundo artículo, a modo de ejemplo, la ley afirma que: “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”.
Si esto es liberalismo, Nicolás Maduro es Mahatma Gandhi.
Un monopolio estatal de cannabis es lo opuesto a liberar las drogas. Liberar es autocultivo real; liberar es que sea tan fácil producir y vender marihuana como es producir y crear pan; liberar es, muy especialmente, poder proteger nuestra identidad y privacidad de terceros —sobre todo, cuando ese tercero es el Estado.
Por supuesto que en Uruguay, a efectos de “asumir el control, regular, importar” y demás, se implementó otro ente estatal (porque tenemos pocos y nos faltan empleados públicos… ¡justo!): el IRCCA, o Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Si quiere calor este invierno, la Ley de Presupuestos de 2015 otorgó al recién creado IRCCA, 15 millones de pesos anuales (USD $525.000) que fueron considerados como “insuficientes” por el mencionado instituto.
Como dato cómico —si le ha quedado ganas de reírse— es que según Raquel Peyraube, presidenta de la Sociedad de Endocannabinología del Uruguay “la droga legal no pega nada”, es decir, no causa efecto. Peyraube no hace más que corroborar lo que todos ya sabemos: al Estado le cuesta (demasiado) hacer las cosas bien.
Es cierto que todo el mundo está hablando de Uruguay, es innegable. Pero no es por medidas liberales, no nos mintamos a nosotros mismos. Desde el jueves 19, el Estado uruguayo es incluso más fuerte, y tiene más control sobre nuestra privacidad.Y eso no es motivo de festejo alguno.
