El pasado miércoles 13 de diciembre, Uruguay amaneció menos republicano: la ley integral de violencia hacia las mujeres fue aprobada con 63 votos pertenecientes, principalmente, al oficialismo, pero acompañados también por algunas voces de la oposición que seguramente confundieron las bases de la república con algún panfleto que pudieron haber leído.

Uruguay, es innegable, presenta serios problemas de violencia doméstica, en los que la mujer suele ser la víctima.
Hacia fines de noviembre del año que culmina, 26 mujeres habían sido asesinadas. En lo que va de diciembre, la cifra ha aumentado. Que los uruguayos debemos tomar medidas en tanto sociedad para revertir estos guarismos -o simplemente hacerlos desaparecer- es una verdad inapelable. Es, también, una urgencia que debería contar con el involucramiento de toda la comunidad, de cada individuo desde el rol que desempeñe.

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Uruguay está más violento que nunca

En el 2017, se han registrado varios meses a un asesinato por día. Y ésto, en un país en el que la justicia es lenta, en el que la cárcel no rehabilita sino que se acerca más a una academia del crimen y en el que se desconocen las medias tintas (pasamos muy rápidamente de ser permisivos a exigir pena de muerte) no debería sorprendernos.

En un país en el cual sólo el 40 % de los alumnos que ingresan a educación secundaria de hecho la culminan, la creciente violencia no debería vernos hoy desprevenidos.

La violencia siempre debe, no obstante, escandalizarnos. Es un problemática que perjudica a toda la comunidad, no solamente a parte de ella. Toda la sociedad uruguaya, asimismo, es víctima de violencia. No solo la mitad.

La ley integral de violencia hacia las mujeres es indiferente a una parte de la población. La tacha, la ignora. Pretende defender, como crimen especialmente agravado, a las mujeres víctimas de violencia familiar, y hombres en idéntica circunstancia… pues bien, ellos se convierten casi que en ciudadanos de segunda categoría.

Si usted acompaña al miope oficialismo uruguayo y cree que no existe tal cosa como un hombre víctima de violencia doméstica, se equivoca. En primer lugar, la manipulación es violencia. Si usted no ha conocido hombres manipulados por sus parejas o madres, quizás no haya interactuado mucho en su vida. ¿Y qué pasa con la violencia física? Por orgullo o vergüenza (o una explosiva combinación de ambas) el hombre rara vez realiza una denuncia formal. Y están ahí, invisibles.

¿Tendremos la arrogancia acaso de afirmar que no hay violencia detrás del reciente récord de suicidios en Uruguay, en el que la mayoría son hombres? ¿Seremos tan ciegos, estamos tan sesgados que elegimos descartar esa teoría? ¿No hay acaso maltrato?

Por otra parte, la ley recientemente aprobada no excluye solamente al hombre adulto. Varones niños y adolescentes también quedan por fuera de la ley actual. Ellos, en caso de ser víctimas de violencia doméstica, deberán respaldarse en la ley anterior, con otros castigos.

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El jueves, los uruguayos nos despertamos en un país en el cual la vida de las mujeres vale más. Ante la ley, mi vida vale más que la de mi hermano. ¿Por qué? Porque a un cromosoma se le antojó hacerlo macho.

Las feministas, que siempre patalearon porque los hombres tienen, en teoría, mil y un privilegios, se toman hoy los suyos en directo detrimento del otro – ese otro, reitero, bien puede ser un niño.

Esto, al oficialismo ¿le parece bien? ¿Cómo propone paliar esta situación? ¿Van a crear una ley para niñas, otra para niños, otra para mayores de 35 y otra para personas a las que no les gusta la lechuga?  ¿”Un ciudadano, una ley”? ¿Será ése el próximo eslogan frentista?

El progresismo ha desmembrado a la república. Y es ese mismo progresismo que llena emotivos discursos con el término “igualdad”, el que la enterró el miércoles condenando a todos los hombres de un país a valer menos ante la ley.