Según publicó Le Point el 7 de marzo, el miedo a represalias es el principal motivo por el que la totalidad de los militares no ha pasado aún a la constitucionalidad.
Citando datos de Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la publicación francesa señala que desde que el presidente Juan Guaidó comunicó que anulaba la calificación de “traidores de la patria” a los militares que desearan abandonar el régimen, “cientos de soldados han abandonado sus cuarteles y han cruzado la frontera con Colombia”.
“Ellos no son ni traidores ni desertores, todo lo contrario. Se pusieron al servicio de su nuevo ‘comandante en jefe’. En Colombia, pidieron asilo indicando estar huyendo de la crisis humanitaria y de amenazas reales”, explica Le Point. San Miguel, por su parte, afirma que a estos soldados se les debería facilitar el estatus de “refugiados militares”.
Desde 2016, 10 000 militares han renunciado. A esta cifra, hay que sumar 4 000 miembros de la Guardia Nacional que “no regresaron después de Navidad”. “En cuanto a los que se quedaron, a pesar del hecho de que una gran mayoría de los militares parece oponerse a Maduro, el temor a las represalias probablemente ha jugado un papel en su decisión. No solo es implacable la represión a los desertores, sino también la suerte de sus familias. Además, aquellos que dudan necesitan sentirse tranquilos sobre qué esperar si la oposición gana. ¿Qué rol tendrían ellos en la reorganización de un ejército ya infiltrado por cubanos y cuyas estructuras se han duplicado?”, explica San Miguel a Le Point.
No obstante, los militares “oficiales” son solo parte del problema. “Hay que tener en cuenta las fuerzas irregulares, como el ELN (el Ejército de Liberación Nacional colombiano presente en Venezuela), los civiles armados, entre ellos, los colectivos (milicias urbanas), la FAES (Fuerza de Acciones Especiales, donde habría criminales empleados para ejecutar nuevos oponentes en barrios pobres) y las milicias bolivarianas (creadas en 2007 por Hugo Chávez y que Maduro recientemente integró a la Fuerza Armada)”, subraya San Miguel, que sostiene simultáneamente que estas últimas son “quienes más tienen para perder si se cambia de gobierno”, aunque también aclara que es justamente debido a su condición de irregulares que “es difícil tener una idea del número de combatientes en estas milicias”.
Al respecto, San Miguel sostiene que a pesar de que Maduro había prometido 2 000 000 de combatientes, “no serían más de 10 000”.
La Fuerza Armada venezolana se convierte entonces es un ente tan poderoso como impenetrable, pero que, más allá del pasaje a la constitucionalidad de 600 efectivos en las últimas semanas (número inferior al esperado por Guaidó y los distintos líderes de la región, que especulaban con un abandono masivo al régimen) aún tiene el poder de cambiar las reglas del juego.
Lo cierto es que los militares se la tienen que pensar bien. Enfrentar una potencial coalición militar internacional satisfactoriamente es impensable: los tentáculos de la carestía no han dejado una sola institución funcional en Venezuela. Por otra parte, Maduro ha ofrecido reiteradas muestras de la magnitud de su crueldad (y torpeza). A los militares solo les queda meditar sobre cómo quieren ser inmortalizados en los libros de historia: como cómplices o como héroes.