México nos enseña a no confiar nuestra privacidad al Estado

0
(Telemax) ine méxico bases de datos
Lo peor del caso es que el INE repartió millones de pesos mexicanos a cada uno de los partidos políticos (Telemax)

El pasado 14 de abril, Chris Vickery, especialista en seguridad de redes, hizo un descubrimiento que ocuparía las primeras planas de los diarios mexicanos e internacionales. La base de datos de la autoridad electoral más importante de México, estaba alojada en los servidores de la compañía de comercio electrónico Amazon, y se encontraba disponible para cualquiera que tuviera el suficiente espacio en disco y presupuesto como para adquirirla.

Vickery intentó contactar al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la Embajada de México, pero no recibió respuesta. Finalmente pudo establecer contacto con el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, y con ayuda de la policía cibernética fue hasta el 22 de abril que pudieron bajarla de la red.

Es muy posible que la base de datos se encontrara en línea desde septiembre de 2015, lo cual definitivamente representa un foco rojo en temas de seguridad cibernética para nuestras autoridades. Lo peor del caso, es que el INE repartió varios millones de pesos mexicanos a cada uno de los partidos políticos para una comisión especial de “vigilancia” de tal información.

Y aquí viene la lluvia de preguntas que genera esta situación: ¿qué clase de servidores públicos están a cargo de tan valiosa información? ¿Qué incentivos tienen para realmente cuidarla y no lucrar con ella? ¿Es realmente necesario que los partidos políticos tengan acceso a nuestra información personal? ¿Qué hicieron y que hacen habitualmente los partidos políticos con ese presupuesto asignado? ¿En qué se gasta realmente? Porque es evidente que utilizarlo en la protección de nuestra información no es una prioridad.

No está de más recordar que todo el dinero asignado al INE proviene y es financiado por millones de mexicanos que se ven forzados a ceder, a través de impuestos, una parte importante de su trabajo y ganancias a un Estado que promete mucho, pero evidentemente cumple poco.

Estamos frente a un caso realmente grave de inseguridad y deshonestidad política. La información filtrada incluye datos como nombre completo, domicilio, lugar de nacimiento, edad, sexo y hasta el nombre de padre y de madre de los más de 83 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral. Tan sólo imaginen por un segundo que dicha base de datos llegara a las manos del crimen organizado o de extorsionadores profesionales.

Hasta ahora lo de siempre: el INE culpando a los partidos políticos, asegurando que fueron ellos quienes la filtraron ya que son los únicos que tienen acceso a la base de datos y, por el otro lado, los partidos políticos pidiendo que no se les acuse sin fundamentos. Ningún responsable y todos echándose la culpa los unos a los otros, mientras intentan sacar provecho político en vez de buscar soluciones.

Estamos viviendo una situación muy lamentable y que raya en lo ridículo como sociedad, en la que no hay nadie capaz de dar soluciones y los únicos afectados somos, como siempre, los ciudadanos comunes.

Contexto en México

La situación ocurre en un contexto nacional en el que otras fallas del Gobierno como la explosión del complejo petrolero “Pajaritos” de Pemex, o la falta de claridad y efectividad de la Justicia en el lamentable caso de Ayotzinapa son el principal foco de atención política, y hacen que la noticia en cuestión pase a un plano secundario.

Y es justo aquí donde vale la pena detenernos un poco y reflexionar sobre el hecho de que la raíz de esta situación, es mucho más profunda de lo que aparenta. Situaciones como la de la base de datos no tienen nada de nuevo; lo mismo que ocurrió en el INE ocurre diariamente en diferentes circunstancias y en diferentes magnitudes en las dependencias municipales, estatales y federales de educación, salud, desarrollo social, economía, seguridad y practicamente cualquier otra.

En la idiosincrasia del mexicano, y por qué no en la del latinoamericano, existe una brecha lógica que cada vez más personas nos atrevemos a cerrar y cuestionar. Si vemos una y otra vez que los Gobiernos y partidos políticos no funcionan, ‘¿por qué les seguimos dando tanto poder? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿No sería más lógico quitarles el poder de incidir en nuestras vidas en lugar de esperar a que lleguen seres iluminados y nos solucionen la vida mágicamente? Solo respondiendo a estas preguntas y cambiando este paradigma vamos a dejar de depender de las ocurrencias y “buenas voluntades” de aquellos que nos gobiernan.

Mientras sigamos confiando en el Estado para que se encargue de resguardar nuestra información personal, para que nos provea educación, para que nos proporcione servicios de salud, para que genere empleos y apoyos a los más necesitados y hasta para que nos diga qué comportamientos son morales y cuáles no, las cosas no van a cambiar. Ya hemos comprobado una y otra vez que su trabajo es, por decir lo menos, ineficiente.

Con un Gobierno mucho más limitado en sus funciones podríamos exigir con más razón y argumentos mucho más sólidos, situaciones que todos deseamos, como por ejemplo, menos impuestos, menos concentración de poder, menos fugas de información, menos corrupción, menos salarios estratosféricos para burócratas y políticos, y menos desvíos de recursos en proyectos mal ejecutados.

El caso de la base de datos del INE debe servir de reflexión ciudadana. Si organismos estatales y paraestatales no pueden ni siquiera garantizar la salvaguarda de nuestros datos personales, ¿por qué esperamos que cumplan con funciones de mucha más relevancia?

No esperemos resultados diferentes si seguimos exigiendo lo mismo al mismo sistema y a los mismos políticos. Tomemos responsabilidad, bien lo dice un viejo refrán muy popular en la tradición mexicana: “No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre (o gobernante)”.

 

Comentarios