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Una creencia muy común y arraigada entre aquellos críticos del libre mercado es que este genera monopolios, por lo que es necesaria la intervención estatal a través de regulaciones e impuestos para evitar que se presenten.
Pero, ¿realmente qué tanto de cierto o no tiene dicha creencia?
Un monopolio es aquella situación provocada por privilegios legales o barreras a la libre competencia en la que un solo agente es el único capaz de proveer un determinado bien o servicio, o, dicho en otras palabras, un monopolio es el acaparamiento del mercado por un solo competidor sin posibilidades reales de que la situación se revierta.
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Esto provoca una serie de situaciones indeseables que terminan por perjudicar a todos los involucrados en el proceso de producción, distribución y consumo de los servicios y bienes en cuestión. Algunas de estas fallas comúnmente identificadas con prácticas monopólicas son:
Desabasto general del bien suministrado a consecuencia de la falta de productividad y de incentivos para satisfacer la demanda del mercado. Mientras los dueños lleguen al punto de utilidades deseado en realidad no importa que exista una gran cantidad de demanda sin satisfacer, esto se vuelve un problema grave cuando el bien en cuestión es vital para mantener estándares básicos de nivel de vida (agua, luz, petróleo etc.).
Fijación de precios exacerbada, orientada a maximizar únicamente los beneficios del productor o vendedor debido a la carencia de incentivos por ver por la satisfacción de sus clientes (ya que, de todas formas, seguirán viéndose en la necesidad de comprarle)
Pérdida de eficiencia en procesos productivos que se reflejan en el desperdicio de materias primas, burocracia excesiva, corrupción en los procesos de licitaciones etc.
Teniendo claro que un monopolio es una situación negativa para la economía de una sociedad, el siguiente paso es preguntarse si es realmente el libre mercado el causante de dichos fenómenos o no.
Estudiando los procesos de libre mercado nos damos cuenta de que en realidad es la ausencia de estos lo que provoca que surjan nuevos monopolios; en un entorno de libre competencia, con pocas regulaciones estatales, sin concesiones especiales y una tasa impositiva de impuestos bien definida y razonablemente baja para los emprendedores, es casi imposible el establecimiento de monopolios, ya que al existir una sobredemanda instintivamente surgirán nuevos emprendedores que tratarán de satisfacerla para de este modo generar beneficios para su causa.
Por el contrario, cuando las trabas para iniciar una empresa o incursionar en ciertos sectores por parte del Estado se hacen presentes, se vuelve significativamente más complicado el surgimiento de nuevos competidores que pongan en riesgo la privilegiada posición monopolística previamente establecida.
Es necesario entender que es mucho más fácil que cinco empresas lleguen a un acuerdo para autoprotegerse y fijar precios y cantidades de producción de acuerdo a sus intereses y en prejuicio del resto de la sociedad, a que lo hagan cincuenta (que sería prácticamente imposible, ya que con una sola parte que rompiera el acuerdo rompería con el estatus oligopólico). Es decir, entre más abierto el mercado habrá mayor número de competidores que obligarán al resto a desaparecer o a ofrecer mejores productos, de mejor calidad y a menor precio.
Existen, además, los tremendamente absurdos y lamentablemente comunes casos de los monopolios estatales; disfrazados de justicia social, combate a la pobreza, apoyos económicos y redistribución de la riqueza terminan por ser nidos de corrupción, malos manejos e ineficiencia financiados por los mismos ciudadanos de siempre a través de sus impuestos.
Este tipo de monopolios en pleno siglo XXI, cuando se ha demostrado que los países con mayor libertad económica y menor intervención estatal son los que mejores índices de progreso y desarrollo presentan, deberían ser sepultados en los anales de la historia económica latinoamericana.
Monopolios estatales, como Pemex han demostrado ser ineficientes e insostenibles en una economía cada vez más globalizada que exige mayor productividad y calidad en los resultados empresariales que como organización aspiran a presentar.
El monopolio más grande es el Estado cuando pretende, directa o indirectamente, monopolizar la salud, la educación, la generación de empleos, la gestión de servicios públicos, etc.
Aprender a no depender de monopolios y sobre todo no defenderlos de cara a la inversión y la iniciativa privada es un gran primer paso que como sociedad estamos obligados a dar en el corto plazo si aspiramos a generar mejores condiciones de vida para todos.
Los resultados y la ciencia económica nos lo han demostrado con numerosos ejemplos en la región, no es el libre mercado el que produce monopolios si no la ausencia de este (a través de impuestos y regulaciones estatales) el que los genera y hace más difícil su eventual desaparición.
Un ejemplo al alcance de todos es la ruptura del monopolio Estado-taxistas que representa la empresa UBER alrededor del mundo.
No en vano el empresario Paul Graham, afirma que “UBER es obviamente una cosa tan buena, que se puede medir que tan corruptas son las ciudades por la medida en que intentan suprimirlo”.
Abramos nuestra mente y apostemos por el libre mercado que, lejos de ser el terrible villano que muchos nos han querido vender, no es otra cosa más que la suma de millones de decisiones que diariamente tomamos como individuos en un entorno de libertad y responsabilidad.
