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La llamada era K dejó un sabor amargo entre quienes fueron críticos a las políticas implementadas en sus doce años de duración. Dirigentes políticos, jueces, fiscales, periodistas y directivos de medios de comunicación fueron blanco de espionaje durante los Gobiernos del kirchnerismo.
La investigación que se inició en octubre del año pasado, cuando el país estaba envuelto en la campaña electoral presidencial, arrojó esta semana datos concretos luego de la depuración de una larga lista de afectados. La hoy ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y quien ahora ocupa la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, habían presentado ante la justicia al menos 202 intervenciones, pero hasta ahora se comprobaron 33, según informes divulgados por Infobae.
La investigación que hizo un experto de la Universidad Tecnológica Nacional, Ariel Garbarz a pedido del juez Sebastián Casanello, indicó que los teléfonos fueron intervenidos a través de un software malicioso, cuyo origen de momento no se pudo determinar.
«Al realizar la pericia solicitada sobre dichos aparatos telefónicos se determinó que los mismos habrían sido afectados por un virus conocido como ‘troyano’, el cual se trata de un software que es útil para modificar, borrar, extraer archivos, habilitar cámaras y micrófonos, permitiendo así escuchar y grabar las conversaciones de su usuario», detalló el informe citado por el sitio Infobae.
El magistrado Casanello habría ordenado un nuevo estudio que estará en manos de la división de Cibercrimen de la Policía Metropolitana.
Entre los espiados están periodistas de reconocida trayectoria que fueron críticos con los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: destacan en la lista Jorge Lanata, Daniel Santoro, Nicolás Wiñazki, Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon y Luis Majul.
Los directivos del Grupo Clarín Héctor Aranda y Alejandro Urricelqui también fueron intervenidos. El Gobierno anterior mantuvo una larga discordia con este grupo, que fue señalado constantemente de querer dañar la imagen de la presidenta y su gestión.
Funcionarios que hoy ocupan cargos importantes en el Gobierno de Mauricio Macri también están en la lista de espiados. Figuran el hoy Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau. Se suma el actual Jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El espionaje también alcanzó a diputados de oposición al kirchnerismo. Vale destacar que entre los legisladores espiados está la diputada Margarita Stolbizer, quien denunció a la presidenta Cristina Kirchner el año pasado por omitir plazos fijos en su declaración jurada. Se suma Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.
Entre la lista de jueces resalta Sandra Arroyo Salgado, expareja del fallecido fiscal Alberto Nisman. Entre los 33 intervenidos están los jueces Claudio Bonadio, María Servini de Cubría, Sergio Torres, Jorge Ballestero y los fiscales Guillermo Marijuan y Gerardo Pollicita.
Al conocer el resultado del primer peritaje, el juez Marijuan declaró a Infobae: «no me queda ninguna duda de que me escuchaban». Consideró que era grave que en los últimos años se hubiese naturalizado la intervención de las figuras públicas del país. «Tanto es así, que todo el mundo me dice que prefiere no hablar conmigo por teléfono porque puedo tener el teléfono pinchado. Esto es terrible», dijo.
La lista la completan los exgobernadores de las provincias de Córdoba y Jujuy, José Manuel De la Sota y Gerardo Morales, así como el expresidente del Banco Central, Martín Redrado.
El miedo persiste
En esta transición de Gobierno el miedo a ser espiado continúa. Según señala el diario Clarín, en los primeros días de diciembre, en el despacho de la titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, un operativo dio positivo de una serie de artefactos utilizados para escuchar.
La Policía Metropolitana registró en estos tres meses al menos 30 despachos de funcionarios nacionales, provinciales, de la ciudad, y hasta de legisladores oficialistas.
En la Casa Rosada los operativos son periódicos y es la Casa Militar la que se encarga de hacerlos. Se verifican los despachos del presidente Mauricio Macri, del secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y del jefe de Gabinete Marcos Peña. Hasta el momento no se encontró nada.
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