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La Auditoría General de la Nación (AGN) derogó este miércoles el plan presentado por su actual presidente, Ricardo Echegaray, para auditar en tiempo real al Gobierno de Mauricio Macri.
Echegaray deberá realizar auditorías del Gobierno de Cristina Kirchner y no de Macri, tal como lo establecía el plan operativo original del organismo para 2016.
Los auditores de la AGN expresaron su molestia con Echegaray quien era el hombre fuerte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el gobierno kirchnerista, porque la semana pasada presentó un plan operativo distinto al que todos habían firmado.
Echegaray anunció la semana pasada que auditaría la gestión de Macri este mismo año en puntos sensibles al Ministerio de Modernización y su política de despidos, al acuerdo del Gobierno con los holdouts, las tarifas de servicios públicos y la gestión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La propuesta no incluía auditorías destinadas a controlar áreas sensibles de la administración kirchnerista, como la Lotería Nacional y la Inspección General de Justicia.
El problema con el plan operativo presentado es que la Constitución argentina establece que solo se pueden elaborar auditorías una vez finalizado el ejercicio de la gestión, y no mientras se lleva a cabo, asegura el auditor Javier Fernández, por el Partido Justicialista (PJ).
“La AGN es un colegio de auditores y las decisiones no las toma una sola persona (…) Nuestra tarea de control es expost, así lo establece la Constitución Nacional. Lo que hemos consensuado es el plan operativo que acordamos el año pasado, que en su mayoría abarca la administración de la expresidenta Kirchner”, señaló Fernández la semana pasada.
El oficialismo analiza la destitución o el inicio de acciones penales en contra de Echegaray por su intención de realizar auditorías al actual Gobierno, lo que violaría la ley que regula al organismo de control.
Por su parte, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli dijo que es función de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) controlar a los organismos del Estado, por lo que habría una superposición de funciones que a su juicio es ilegal.
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