Las gestiones del Gobierno de Mauricio Macri para frenar la ley antidespidos que promueve la oposición en el Congreso, no han tenido la efectividad necesaria para evitar que los diputados opositores desistan de convertirla en una normativa vigente.
Y es que el compromiso adquirido por los empresarios este lunes a no realizar despidos por 90 días no enfrió el debate, sino que terminó radicalizando la posición de los sindicalistas y la oposición kirchnerista. Incluso, ante las reacciones en contra, el Ejecutivo respondió con firmeza reiterando la posibilidad del veto, ante una eventual aprobación de la ley.
Desafiando el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios, los diputados opositores hicieron un pedido de sesión especial para el jueves, mientras que el oficialismo se opone a prestar quórum o a aportar los dos tercios que necesitará el proyecto en caso de que el debate se pongan en marcha.
“Estamos juntando muchas voluntades y estamos muy cerca de los 129 votos necesarios para el quórum y la sanción”, afirmó el diputado kirchnerista del Frente para la Victoria (FPV) , Héctor Recalde.
Este martes el oficialismo continuó con la agenda de reuniones con diferentes sectores, recibiendo en las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo a los presentantes de pequeñas y medianas empresas (PYME). Este miércoles deben recibir al ministro del Trabajo, Jorge Triaca.
En la reunión de las comisiones los representantes de las PYME y de la industria, expresaron su desacuerdo con la lay antidespidos. Los empresarios negaron que exista una ola de despidos en el sector, argumentaron que la norma es inconstitucional y que va a perjudicar la creación de puestos de trabajo.
Aunque reconocen que están en una situación delicada, aclaran que no es por los eventuales efectos de la ley antidespidos, sino por la retracción del consumo y el aumento de los costos registrados en los primeros meses del año.
Los sindicalistas por su parte, rechazaron firmar su adhesión al compromiso de los empresarios con el Gobierno para evitar despidos por 90 días. De hecho, no estuvieron presentes en el salón donde se realizó el acto este lunes con los empresarios.
“Presidente, ¿sabe por qué no vamos? Desconfiamos de los empresarios y los formadores de precios”, argumentó el ferroviario Omar Maturano en una reunión que se realizó con Macri posteriormente.
Juan Carlos Schmid, quien asistió en representación de una facción de la Confederación General de Trabajadores (CGT), dijo que era positiva la reacción del Gobierno, y que ésta se expresa “después de la presión del Congreso y de la movilización sindical del 29”. Otros consideraron las acciones del Ejecutivo como “tardías”, pero valoraron que se reconozca la problemática del empleo.
El más radical fue el emblemático sindicalista, y secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, quien reiteró este martes su amenaza de ir a paro general si el Macri veta la ley de Emergencia Laboral, aprobada por el Senado.
Tajante fue el jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, quien negó que el Gobierno esté atravesando una “crisis política”, luego de que la oposición y los gremios rechazaran el acuerdo firmado por los empresarios este lunes.
“El Presidente ha sido muy claro desde el primer día, voy a hablarles desde la verdad, esto no ayuda a los trabajadores, va en contra de los objetivos de la ley (…) si sale (ley antidespidos) como está, va a ir a un veto”, dijo Peña.
Además, acusó al kirchnerismo de promover el proyecto de ley antidespidos por “especulación política”. “El kirchnerismo, que en una muestra de hipocresía y cinismo que no nos sorprende, hace dos años decía que este instrumento era algo malo para los trabajadores. La ex presidenta dos veces ha dicho que esto atenta contra el trabajo. ¿Por qué lo promueve ahora? Por especulación política, no hay ninguna razón”, afirmó.
Para evitar el veto, con su correspondiente costo político, el oficialismo viene promoviendo una iniciativa intermedia que excluya a las PYME del alcance de la ley, que agregue la iniciativa de promoción del primer empleo lanzada por el Gobierno y sumar la propuesta del bloque opositor Frente Renovador para fomentar el empleo joven y de adultos mayores.
El proyecto del Senado declara la “emergencia ocupacional” en el país, y que quiere aprobar la oposición, prohíbe los despidos por 180 días y establece la doble indemnización.